Este 8 de marzo de 2026, las calles de Chihuahua y Ciudad Juárez vuelven a teñirse de morado. No es un gesto simbólico ni una tendencia global replicada por inercia. Es, más bien, una expresión de cansancio social frente a una deuda histórica que el Estado mexicano —y particularmente Chihuahua— aún no logra saldar: la violencia contra las mujeres y la persistente impunidad.
Desde la década de los noventa, cuando los feminicidios de Ciudad Juárez colocaron al estado bajo la mirada internacional, Chihuahua se convirtió en un referente doloroso de esta crisis. Han pasado gobiernos, administraciones municipales, legislaturas y reformas institucionales, pero la sensación de justicia incompleta sigue presente en muchas familias que aún buscan respuestas.
Hoy, el contexto político obliga a mirar también hacia quienes ejercen el poder. El gobierno encabezado por la gobernadora Maru Campos ha impulsado programas y discursos orientados a fortalecer la atención a víctimas y la perspectiva de género dentro de las instituciones. Sin embargo, el reto sigue siendo enorme: transformar esos esfuerzos en resultados tangibles que reduzcan la violencia y fortalezcan la confianza en las instituciones de justicia.
Las críticas que surgen en cada 8M no pueden entenderse únicamente como confrontación política. Son, en gran medida, la expresión de una sociedad que exige instituciones más eficaces. Fiscalías que investiguen con rapidez, ministerios públicos que no revictimicen a quienes denuncian y políticas públicas que atiendan las causas profundas de la violencia.
En Chihuahua, además, el debate se mezcla inevitablemente con el contexto político rumbo a los próximos procesos electorales. Algunas voces desde la oposición han utilizado el tema para confrontar al gobierno estatal, mientras que desde el oficialismo se insiste en que el problema es estructural y trasciende a cualquier administración.
La realidad probablemente se encuentra en un punto intermedio. La violencia contra las mujeres no comenzó con este gobierno ni terminará con él, pero cada administración tiene la responsabilidad histórica de avanzar más allá de los discursos.
Chihuahua no puede permitirse repetir el ciclo de indignación cada marzo y olvido el resto del año. Un estado que durante décadas fue símbolo internacional del feminicidio tiene también la obligación de convertirse en ejemplo de cómo enfrentar esta crisis con seriedad institucional, recursos suficientes y voluntad política.
Porque mientras exista una mujer desaparecida, una víctima esperando justicia o una familia buscando respuestas, el debate político seguirá siendo secundario frente a una exigencia mucho más urgente.
En Chihuahua, el 8 de marzo no es una fecha de protocolo. Es un recordatorio de que la justicia para las mujeres sigue siendo una tarea pendiente.
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