En política, como en la vida, la memoria suele ser incómoda.
Sobre todo para quienes se acostumbran a juzgar la trayectoria de los demás desde una posición de supuesta superioridad moral, olvidando que también tienen una historia, decisiones y actuaciones que pueden ser revisadas.
En Chihuahua tenemos hoy un ejemplo particularmente evidente.
Luis Villegas Montes ha convertido a Santiago de la Peña en uno de sus principales blancos políticos.
No se trata de una crítica aislada ni de una diferencia circunstancial. Villegas ha escrito cartas abiertas, publicado señalamientos y concedido declaraciones en las que cuestiona prácticamente todo lo relacionado con De la Peña: su origen político, su relación con el PAN, su trayectoria y, sobre todo, la posibilidad de que sea candidato del partido a la Presidencia Municipal de Chihuahua.
En julio pasado llegó a afirmar públicamente que “no hay manera” de que De la Peña sea el abanderado del PAN.
Después publicó una segunda carta abierta dirigida directamente a Santiago, en la que volvió a cuestionar su trayectoria política y llegó incluso a plantear que tendría que demostrar que puede poner al PAN por encima de sus intereses personales.
Hasta ahí, nadie puede negar a Villegas su derecho a opinar.
La libertad de expresión también incluye el derecho a ser crítico, incómodo y severo.
Pero cuando alguien decide convertirse en fiscal de la trayectoria política de los demás, resulta perfectamente legítimo revisar también su propio expediente.
Y ahí es donde la historia comienza a ponerse interesante.
La memoria que algunos prefieren olvidar
Luis Villegas llegó a la magistratura en 2014, cuando el Congreso del Estado aprobó su designación como magistrado de la Séptima Sala Civil.
No llegó al Poder Judicial como un ciudadano ajeno a la política.
Antes había tenido una trayectoria dentro del PAN y había ocupado cargos de elección y responsabilidad partidista.
Es decir, Villegas conoce perfectamente el mundo de la política, las relaciones entre políticos, las negociaciones internas y los procesos mediante los cuales se construyen candidaturas y posiciones públicas.
Por eso llama la atención que hoy pretenda utilizar como argumento contra otros aquello mismo que forma parte de la historia política de prácticamente cualquier partido.
Porque una cosa es cuestionar.
Y otra muy distinta es pretender convertirse en el dueño de la patente de “quién es suficientemente panista” y quién no.
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Villegas ha cuestionado a Santiago de la Peña por su pasado político y por no haber desarrollado toda su trayectoria dentro de las estructuras tradicionales del PAN.
Es un argumento político válido.
Pero entonces habría que aplicar exactamente la misma vara a todos.
También sería válido preguntarse por los mecanismos mediante los cuales otras personas llegaron a posiciones de poder.
Por ejemplo, el propio Villegas fue designado magistrado por el Congreso en 2014. Posteriormente formó parte del Consejo de la Judicatura y en 2022 fue nuevamente designado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como representante del Poder Judicial ante ese órgano.
Nadie está diciendo que esos nombramientos sean ilegales.
No lo fueron.
Pero sí forman parte de su trayectoria pública y, por lo tanto, pueden ser revisados cuando él decide utilizar la trayectoria de otros como argumento político.
La crítica debe funcionar en ambos sentidos.
Y hay un capítulo que tampoco puede ignorarse
Durante su paso por el Consejo de la Judicatura, Villegas estuvo involucrado en una controversia particularmente delicada con la jueza Sabela Patricia Asiain.
La jueza denunció públicamente actos de intimidación y hostigamiento. El asunto llegó a la justicia federal y, en 2023, el Juzgado Décimo de Distrito determinó que Villegas, en su calidad de integrante del Consejo de la Judicatura, había transgredido derechos humanos de la jueza y señaló también omisiones del Poder Judicial estatal en la atención del caso.
Este punto debe tratarse con precisión.
No significa que todas las acusaciones formuladas públicamente contra Villegas hayan sido acreditadas judicialmente.
Significa que sí existe una sentencia federal relacionada con ese conflicto y que sí hubo una determinación judicial respecto de la transgresión de derechos humanos.
Eso forma parte de su expediente público.
Y si Villegas considera legítimo revisar la historia política de Santiago de la Peña para cuestionar su aspiración, nadie debería escandalizarse porque otros revisen también la suya.
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El problema de fondo no es que Luis Villegas critique a Santiago de la Peña.
Que lo critique.
Que lo cuestione.
Que diga que no le gusta.
Que argumente que no debe ser candidato.
Todo eso forma parte del debate democrático.
El problema aparece cuando la crítica comienza a adquirir características de una cruzada personal.
Porque el propio Villegas ha reconocido que existe una animadversión entre ambos.
En su segunda carta abierta comienza precisamente señalando que ni él le cae bien a Santiago ni Santiago le cae bien a él.
Entonces surge una pregunta inevitable:
¿Dónde termina la crítica política y dónde comienza la animadversión personal?
Eso no lo podemos saber.
Y tampoco corresponde afirmarlo como un hecho.
Pero sí podemos observar algo: la insistencia es evidente.
Mientras algunos panistas están concentrados en construir acuerdos, sumar grupos y preparar el proceso interno de 2027, Villegas parece haber encontrado en Santiago de la Peña uno de sus principales temas de discusión pública.
Incluso después de concluir formalmente su encargo como magistrado civil en 2025, ha mantenido una presencia activa como columnista y crítico de la política local. Él mismo escribió entonces que había concluido su encargo después de casi once años.
Y eso también es legítimo.
Pero precisamente porque ahora participa abiertamente en el debate político, sus argumentos pueden y deben ser analizados como los de cualquier otro actor político.
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Quizá aquí está el verdadero fondo de la discusión.
El PAN de Chihuahua no le pertenece a Luis Villegas.
Tampoco le pertenece a Santiago de la Peña.
No le pertenece a César Jáuregui, ni a Manque Granados, ni a ningún otro aspirante.
El partido pertenece a sus militantes y sus decisiones deben resolverse mediante sus mecanismos internos.
Por eso resulta peligroso que cualquier personaje pretenda erigirse en una especie de tribunal moral encargado de decidir quién merece o no representar al PAN.
La política democrática funciona exactamente al revés.
Se presentan argumentos.
Se confrontan trayectorias.
Se revisan resultados.
Se escuchan militantes.
Y finalmente se toman decisiones conforme a las reglas.
No mediante descalificaciones personales.
La misma lupa para todos
Santiago de la Peña tendrá que responder por su trayectoria.
Eso es parte de la política.
Pero Luis Villegas también.
Y todos aquellos que quieran participar en la discusión rumbo a 2027 deberían entenderlo.
Porque cuando uno decide poner bajo la lupa la vida política de otra persona, tiene que aceptar que alguien más coloque la misma lupa sobre la propia.
No es una cuestión de simpatías.
No es una defensa ciega de Santiago de la Peña.
Es algo mucho más sencillo:
la vara debe ser la misma para todos.
Si vamos a hablar de méritos, hablemos de méritos.
Si vamos a hablar de trayectoria, revisemos todas las trayectorias.
Si vamos a hablar de padrinazgos, revisemos todos los padrinazgos.
Si vamos a hablar de lealtad partidista, revisemos todas las lealtades.
Y si vamos a hablar de democracia interna, dejemos que sean los panistas quienes decidan.
Porque Chihuahua no necesita nuevos tribunales políticos ni jueces de la pureza partidista.
Necesita debate.
Argumentos.
Memoria.
Y, sobre todo, la misma regla para todos.
