La gobernadora cuestionó que el exfiscal no le informara oportunamente sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo en la Sierra Tarahumara; hay indagatorias abiertas en Chihuahua y a nivel federal.
Chihuahua, Chih., 14 de octubre de 2026.— La gobernadora Maru Campos elevó el tono de sus críticas contra el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, al sostener que las decisiones y omisiones registradas en el caso de los agentes estadounidenses que participaron en un operativo en la Sierra Tarahumara son hechos que “no se pueden perdonar”.
En declaraciones difundidas este miércoles, la mandataria cuestionó que no se le hubiera informado oportunamente sobre lo ocurrido en el municipio de Morelos, una falta de comunicación que, afirmó, abre interrogantes sobre la posibilidad de que situaciones similares hayan ocurrido en otras circunstancias sin llegar a su conocimiento.
“¿Cómo puede saber la gobernadora que no sucedió en otros momentos, en otras circunstancias?”, planteó Campos al referirse a la falta de información sobre el operativo.
La mandataria confirmó que existen carpetas de investigación tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE) como en la Fiscalía General de la República (FGR), y señaló que ambas instancias se encuentran próximas a concluir sus indagatorias.
El pronunciamiento vuelve a colocar a Jáuregui bajo el escrutinio público por uno de los episodios más delicados de la administración estatal en materia de seguridad y coordinación institucional.
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De la renuncia a las investigaciones
La controversia se remonta al operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara para desmantelar laboratorios clandestinos de drogas. Tras el accidente en el que murieron dos presuntos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos, surgieron cuestionamientos sobre la presencia de los extranjeros, su participación y los mecanismos de autorización y comunicación entre las autoridades.
El 27 de abril, Jáuregui renunció a la Fiscalía estatal y reconoció que la información inicial que había difundido era inconsistente, además de admitir omisiones en los mecanismos de control y comunicación bajo su responsabilidad.
Posteriormente, el exfiscal compareció ante la FGR en Ciudad Juárez, donde respondió un cuestionario relacionado con el caso. En junio, la Fiscalía federal informó que había aportado información relevante para esclarecer los hechos.
La responsabilidad política sigue bajo discusión
Las declaraciones de Campos reavivan el debate sobre quién debía conocer y supervisar la participación de agentes extranjeros en operaciones de seguridad dentro del estado. La gobernadora ha sostenido que no fue informada oportunamente, mientras que las investigaciones buscan establecer cómo se organizó el operativo y qué responsabilidades corresponden a cada funcionario.
Por ahora, la existencia de las carpetas de investigación no implica que se haya acreditado responsabilidad penal contra Jáuregui ni contra otros servidores públicos. La conclusión de las indagatorias será determinante para esclarecer las posibles irregularidades y establecer, en su caso, las consecuencias legales.
El caso continúa representando un desafío político e institucional para el Gobierno de Chihuahua, que deberá responder a las interrogantes sobre la coordinación entre corporaciones, el cumplimiento de la ley y la rendición de cuentas en uno de los episodios más controvertidos de su estrategia de seguridad.
