El encargado de despacho de la Fiscalía de Chihuahua sostuvo que la investigación busca esclarecer las posibles irregularidades en el operativo de El Pinal y determinar responsabilidades dentro de la cadena de mando.
Chihuahua, Chih., 17 de octubre de 2026.— El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, confirmó la detención del exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno y fijó la postura institucional frente a uno de los casos más delicados para las autoridades de seguridad de Chihuahua: las presuntas irregularidades relacionadas con el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos.
Con un mensaje directo, Loya dejó claro que los resultados obtenidos en el combate a la delincuencia no eximen a los servidores públicos de cumplir con la ley.
“Un buen resultado no justifica violar la ley”, expresó el funcionario al referirse a las investigaciones que buscan esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el despliegue y la posible participación de personas extranjeras.
Una investigación sobre decisiones y responsabilidades
De acuerdo con la explicación de Loya, la Fiscalía integró una unidad especial de investigación desde el pasado 24 de abril, con el propósito de esclarecer los acontecimientos registrados entre el 17 y el 19 de ese mes en El Pinal, donde fue localizado y desmantelado un laboratorio clandestino.
Las indagatorias se enfocaron en determinar cómo se desarrolló el operativo, qué participación tuvieron los distintos involucrados y si se respetaron los protocolos institucionales, particularmente en lo relacionado con la cadena de mando y la presencia de personal extranjero.
La detención de Jáuregui deriva de una orden judicial por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, según los reportes sobre el procedimiento.
La Fiscalía deberá presentar ante el juez los elementos que sustenten sus acusaciones, mientras que el exfuncionario conserva su derecho a defenderse y a que se presuma su inocencia hasta que exista una sentencia firme.
La postura de Gil Loya
El mensaje del encargado de despacho pone el acento en un principio fundamental para las instituciones de seguridad: ninguna operación, por relevante que sea su objetivo, está exenta de controles legales.
La investigación no se limita al resultado del despliegue contra el laboratorio clandestino, sino que busca establecer si las decisiones tomadas antes, durante y después del operativo se ajustaron a las disposiciones aplicables.
El caso cobró especial relevancia luego de que se conociera la participación de ciudadanos estadounidenses y el accidente en el que murieron dos de ellos, además de dos integrantes de la Fiscalía estatal.
Estos hechos abrieron cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades, la intervención de personal extranjero y los mecanismos de autorización y supervisión de las operaciones.
La Fiscalía busca esclarecer los hechos
Con la confirmación de la detención, Loya refrendó la postura de que las investigaciones deben continuar hasta esclarecer las posibles responsabilidades.
El proceso también pone bajo revisión los mecanismos internos de supervisión de la Fiscalía y la obligación de documentar adecuadamente las actuaciones de sus funcionarios.
La detención de un exfiscal general representa un acontecimiento de alto impacto institucional, pero será el desarrollo del procedimiento judicial el que permita determinar qué conductas pueden acreditarse y quiénes son legalmente responsables.
Por ahora, la posición expresada por Gilberto Loya es clara: los resultados en materia de seguridad no sustituyen el cumplimiento de la ley, y las posibles irregularidades deben investigarse con pruebas y conforme al debido proceso.
La investigación continúa y serán las autoridades judiciales las que determinen las responsabilidades correspondientes.
