Ernestina Godoy sostiene que el exfiscal permitió la intervención de ciudadanos estadounidenses sin autorización en un despliegue en El Pinal. La investigación federal señala posibles omisiones, falta de coordinación con la Federación y visitas de los agentes a instalaciones de la Fiscalía estatal.
Chihuahua, Chih., 18 de octubre de 2026.— La investigación por el operativo de El Pinal escaló a un nuevo nivel luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutara una orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, por su probable responsabilidad en hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la orden fue autorizada por un juez federal después de meses de investigación y más de 100 actos de gabinete y campo. La acusación se centra en la presunta participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.
La acción federal se suma a la orden ejecutada por la Fiscalía General del Estado (FGE), que investiga al exfuncionario por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Se trata de procedimientos distintos, con imputaciones que deberán ser examinadas por las autoridades judiciales correspondientes.
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En su explicación pública, Godoy sostuvo que la investigación encontró indicios de que Jáuregui habría permitido que personas extranjeras participaran en actividades reservadas a las autoridades mexicanas sin contar con la autorización requerida.
La titular de la FGR también expuso tres aspectos centrales de la investigación:
* Presencia de agentes extranjeros: la Fiscalía afirma que los dos ciudadanos estadounidenses fallecidos acudieron en diversas ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación, sin que se haya justificado plenamente esa presencia.
* Facultades para realizar el operativo: la dependencia federal sostiene que el combate al crimen organizado y las actuaciones desarrolladas en El Pinal debían sujetarse a las competencias y procedimientos correspondientes, incluida la intervención de las autoridades federales.
* Comunicación con la Federación: la acusación plantea que la Fiscalía estatal no informó oportunamente a las autoridades federales sobre la operación y que algunos datos se comunicaron después de los hechos.
La FGR considera que estos elementos podrían configurar conductas que afectan la soberanía y la seguridad nacional. No obstante, se trata de la hipótesis del Ministerio Público, cuya validez deberá determinarse dentro del proceso penal.
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Los hechos se remontan al 19 de abril, cuando un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara provocó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y dos integrantes de la Fiscalía estatal.
El grupo regresaba de un operativo en el que se había desmantelado un laboratorio clandestino en El Pinal. La relación de los ciudadanos estadounidenses con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue reportada posteriormente y detonó cuestionamientos sobre sus actividades en México.
En los primeros reportes oficiales se describió a los estadounidenses como trabajadores de la embajada que realizaban actividades de capacitación. Posteriormente surgieron versiones sobre su participación en acciones relacionadas con el operativo antidrogas.
La FGR busca establecer qué papel desempeñaron, bajo qué condiciones se incorporaron al despliegue y quiénes autorizaron o conocieron su intervención.
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El caso también tiene repercusiones en la relación entre México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que su gobierno acepta el intercambio de inteligencia y la cooperación bilateral contra el narcotráfico, pero rechaza que agentes extranjeros participen directamente en operativos en territorio mexicano sin autorización legal.
La discusión se centra en los límites de la colaboración internacional y en las atribuciones que corresponden a las autoridades federales, estatales y extranjeras.
Por ello, la investigación no sólo busca esclarecer la actuación de los funcionarios involucrados, sino también determinar si se respetaron los mecanismos legales para coordinar acciones de seguridad con personal estadounidense.
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En el ámbito estatal, Jáuregui compareció ante un juez de control por los señalamientos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La audiencia fue diferida para este domingo 18 de octubre a las 9:30 horas, después de que su defensa solicitara tiempo para revisar el expediente.
De acuerdo con La Jornada, el Ministerio Público entregó ocho tomos y anexos digitales con aproximadamente tres terabytes de información. El abogado Héctor Villasana argumentó que necesitaba tiempo suficiente para estudiar los datos y garantizar una defensa adecuada.
En paralelo, la orden federal incorpora una acusación de mayor alcance jurídico por hechos que la FGR considera relacionados con la seguridad nacional y la soberanía del país. Los dos procedimientos deberán seguir sus cauces legales.
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La acusación federal coloca en el centro del debate la actuación de los mandos estatales y el manejo de la presencia de agentes extranjeros durante el operativo de El Pinal.
La Fiscalía deberá acreditar sus señalamientos con pruebas, mientras la defensa podrá cuestionar la legalidad de las actuaciones y controvertir los elementos presentados. La gravedad del delito atribuido no sustituye la obligación de demostrar la responsabilidad penal.
El caso permanece abierto y sus consecuencias dependerán de las determinaciones judiciales. Lo que comenzó como una investigación por un operativo antidrogas se ha convertido en un asunto de alcance nacional, con implicaciones para la seguridad pública, la cooperación bilateral y los límites constitucionales de la actuación de funcionarios mexicanos.
La pregunta central que deberá resolver la justicia es si las decisiones tomadas durante el operativo constituyeron irregularidades administrativas y penales o si, como sostenga la defensa, la actuación del exfiscal no encuadra en los delitos que le atribuyen las autoridades.
