“Hasta donde tope”. La consigna que adoptaron los simpatizantes de César Jáuregui terminó convertida en el retrato de una crisis que amenaza con pasar factura al PAN de Chihuahua rumbo a 2027. Lo que debería ser una competencia interna por la candidatura a la presidencia municipal de la capital se ha transformado, para algunos, en una disputa de agravios, presiones y descalificaciones.
En medio de la tormenta, Maru Campos ha optado por una postura institucional. Frente a la detención de quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos, la gobernadora ha marcado distancia y ha sostenido que corresponde a las autoridades llevar el proceso. No ha convertido el caso en una guerra de declaraciones ni ha comprometido el rumbo de su gobierno para proteger lealtades personales.
Esa posición contrasta con la de quienes parecen decididos a trasladar el conflicto a la vida interna del PAN. Porque una cosa es respaldar a César Jáuregui y otra muy distinta utilizar su situación como bandera para cuestionar a Maru, alimentar sospechas y poner en entredicho cualquier proceso que no favorezca sus intereses.
Luis Villegas, abogado de Jáuregui, ha planteado públicamente la tesis de una persecución política. A su vez, voces como las de Juan Blanco, Isaac Díaz y Félix Martínez se han sumado al bloque que cuestiona el rumbo de la contienda interna. Cada quien tendrá sus razones y su derecho a expresarlas; lo cuestionable es que la inconformidad termine convertida en una estrategia para debilitar al partido antes de que siquiera se defina la candidatura.
También llama la atención la participación de Luis Roberto Terrazas Fraga, “El Tomatito”, quien difundió una publicación de Latinus que especula sobre un supuesto pacto entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum. Una sospecha periodística no equivale a una prueba.
Compartirla en medio de una pugna interna contribuye a sembrar dudas, no a esclarecer los hechos. Y su propio historial de controversias públicas, incluidas las críticas por comentarios misóginos que derivaron en su salida de la administración municipal, hace inevitable preguntarse con qué autoridad moral pretende erigirse en juez de los demás.
La discusión de fondo no es si César Jáuregui puede aspirar a una candidatura. La decisión debe tomarse mediante las reglas y los mecanismos del partido, valorando perfiles, trayectoria, competitividad y aceptación ciudadana. Lo que no puede aceptarse como normal es que, ante la posibilidad de no imponer una opción, algunos conviertan la contienda en un campo de batalla y amenacen con desconocer el resultado.
Maru Campos no necesita controlar cada decisión del PAN para influir en el debate político de Chihuahua. Su responsabilidad como gobernadora es conducir el estado; la del partido, construir una candidatura competitiva y procesar sus diferencias sin hacerse pedazos. Confundir ambas cosas, o presentar cualquier resultado adverso como una imposición, solo favorece a quienes esperan ver al panismo dividido.
El PAN tiene una elección municipal que preparar y una ciudadanía a la que convencer. La capital no se gana con mítines de reproche ni con campañas de sospechas entre compañeros. Se gana con propuestas, organización y un candidato capaz de sumar más allá de las lealtades personales.
“Hasta donde tope”, dicen. Pero la pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar quienes, en nombre de una candidatura, parecen poner en riesgo las posibilidades de su propio partido. La crítica interna es legítima; sabotear la unidad por una disputa de nombres sería un error político difícil de justificar.
Si de verdad les importa el futuro del PAN, el límite debería estar claro: competir con firmeza, exigir transparencia y respetar las reglas, sin convertir las diferencias en una cruzada contra Maru Campos ni dinamitar desde dentro las posibilidades de triunfo en 2027.
