Un informe de inteligencia incorporado a la investigación federal señala al exfiscal por la presunta participación irregular de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en la Sierra Tarahumara.
Chihuahua, Chih., 20 de octubre de 2026.
La investigación federal contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, sumó nuevos señalamientos luego de que un informe de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR) advirtiera que la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico habría alterado la paz interna y vulnerado la soberanía nacional.
De acuerdo con información publicada por la agencia Reforma, el documento fue elaborado por Juan Valentín Zavala Ramírez, analista coordinador de Inteligencia del Centro Federal de Inteligencia Criminal, y forma parte de la carpeta de investigación que derivó en una orden de aprehensión contra el exfuncionario por el presunto delito de traición a la patria.
El señalamiento central apunta a la presunta autorización o intervención de Jáuregui y de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, para que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) participaran en acciones operativas en territorio mexicano sin contar con la acreditación ni las autorizaciones correspondientes.
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Los hechos se remontan a abril pasado, cuando autoridades estatales participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la zona serrana de El Pinal, en el municipio de Morelos.
La controversia creció después de que se conociera la presencia de personal estadounidense y de que un accidente carretero provocara la muerte de dos agentes vinculados con Estados Unidos y dos integrantes de las corporaciones de seguridad de Chihuahua.
Para la FGR, la intervención de personal extranjero en actividades reservadas a las autoridades mexicanas, presuntamente sin autorización federal, constituye uno de los elementos centrales de la investigación.
El informe también advierte que las renuncias de Jáuregui y Zuany dejaron al descubierto posibles fallas de supervisión y control dentro de las estructuras de seguridad estatales.
La autoridad federal sostiene que las presuntas omisiones no solo tendrían consecuencias administrativas o penales, sino que podrían haber comprometido la soberanía nacional y generado repercusiones en la relación de México con Estados Unidos.
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Jáuregui enfrenta investigaciones tanto en el ámbito estatal como en el federal. En Chihuahua, los señalamientos incluyen presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público y coalición; en el fuero federal, la FGR ejecutó una orden de aprehensión por el presunto delito de traición a la patria.
Tras obtener la posibilidad de continuar en libertad su proceso estatal, el exfiscal fue detenido nuevamente por autoridades federales e ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Jáuregui ha negado haber autorizado la participación de los agentes de la CIA y ha cuestionado el trasfondo del caso, al que atribuye motivaciones políticas. Su defensa sostiene que los señalamientos deben probarse ante los tribunales.
Por ello, los argumentos contenidos en el informe de inteligencia forman parte de la hipótesis de la Fiscalía y deberán ser examinados dentro del procedimiento judicial.
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La detención del exfiscal también abrió una nueva etapa de tensión en el panismo de Chihuahua, donde Jáuregui había construido una trayectoria política de varias décadas y mantenía aspiraciones relacionadas con la contienda municipal de 2027.
El caso ha provocado un distanciamiento público entre el exfuncionario y la gobernadora Maru Campos, quien ha sostenido que nadie debe estar por encima de la ley. Al mismo tiempo, la defensa de Jáuregui ha cuestionado la actuación del gobierno estatal y ha sugerido que la disputa política pudo influir en el desarrollo del expediente.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha negado que exista un acuerdo político con la gobernadora para proceder contra el exfiscal y ha insistido en que las investigaciones deben seguir su curso institucional.
Mientras avanzan los procedimientos, el punto decisivo será determinar quién conocía la presencia de los agentes extranjeros, qué autorizaciones existían y cuáles fueron las responsabilidades de los mandos involucrados.
El caso ya trascendió el ámbito de una investigación contra un exfuncionario: puso bajo escrutinio los mecanismos de coordinación entre Chihuahua y la Federación, los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y la responsabilidad de las instituciones cuando se realizan operaciones contra el crimen organizado.
La resolución judicial tendrá que establecer si las conductas señaladas por la FGR constituyen delitos y quiénes deben responder por ellas, sin sustituir las pruebas por consideraciones políticas ni anticipar una sentencia.
