En política hay quienes comienzan a pensar en la siguiente candidatura mucho antes de terminar la responsabilidad que actualmente desempeñan. Construyen alianzas, miden fuerzas, buscan respaldos y calculan sus posibilidades de llegar a otro cargo. Sin embargo, en esa carrera por el futuro, algunos parecen olvidar una regla elemental: el primer requisito para aspirar a un nuevo puesto es hacerse responsable del desempeño que se tuvo en el anterior.
Quien decide entrar al servicio público debe entender que cada nombramiento implica obligaciones, que cada firma tiene consecuencias y que cada decisión puede ser examinada, incluso años después de haber dejado la oficina.
Un cargo no es solamente una plataforma para construir capital político. Es una responsabilidad que exige prudencia, conocimiento de la ley y conciencia de que las decisiones tomadas desde el poder pueden tener repercusiones administrativas, políticas y, cuando corresponde, legales.
Por eso resulta contradictorio que algunos funcionarios comiencen a hablar de candidaturas, mientras su propia actuación pública termina convirtiéndose en un asunto que deben explicar ante las autoridades.
¿En qué momento se perdió la noción de que el currículum de un servidor público no se construye únicamente con cargos ocupados, fotografías con personajes importantes o años de militancia? También se construye con la manera en que ejerció sus responsabilidades, con los resultados que entregó y con la capacidad de responder por sus decisiones.
Quien aspira a representar a una ciudad, gobernar un estado o asumir una responsabilidad mayor debe saber que su trayectoria será revisada. La experiencia puede abrir puertas, las relaciones pueden facilitar acuerdos y la popularidad puede impulsar una candidatura, pero ninguna de esas cosas sustituye la obligación de rendir cuentas.
Y aquí hay una diferencia fundamental: tener una investigación abierta no significa ser culpable, porque la responsabilidad penal debe determinarse mediante el debido proceso y las resoluciones correspondientes. Sin embargo, tampoco es razonable pretender que cualquier señalamiento desaparezca simplemente porque el involucrado tiene aspiraciones políticas o considera que las circunstancias le son desfavorables.
La justicia no puede convertirse en un instrumento de revancha, pero tampoco toda investigación puede descalificarse automáticamente como persecución política. Ambas cosas deben demostrarse con hechos, no resolverse mediante discursos, lealtades partidistas o campañas de respaldo.
Lo verdaderamente preocupante aparece cuando un funcionario, en lugar de concentrarse en aclarar los hechos que se le atribuyen, parece encontrar explicaciones para todo menos en las decisiones que tomó durante el ejercicio de su responsabilidad.
Porque si una determinación fue propia, si existían protocolos que debían cumplirse o si había obligaciones que correspondía atender, la primera pregunta tendría que ser qué se hizo, qué se dejó de hacer y por qué. Después vendrán las defensas, los argumentos jurídicos y las resoluciones de las autoridades.
Culpar a otros puede ser una estrategia política; explicar las propias decisiones es una obligación pública.
Tampoco se puede pretender que la cercanía con un gobernante, el respaldo de un partido o la posibilidad de convertirse en candidato funcionen como una especie de seguro contra las consecuencias. La responsabilidad no desaparece con una renuncia, ni las dudas sobre una gestión se resuelven con una fotografía de unidad o una manifestación de apoyo.
La política necesita lealtades, sí, pero la lealtad no debe confundirse con la complicidad ni con la obligación de defender incondicionalmente a alguien antes de conocer y valorar los hechos.
Los partidos también tienen una responsabilidad: examinar las trayectorias de quienes aspiran a representarlos. No basta con preguntar quién tiene más seguidores, quién controla más estructuras o quién presume más relaciones. También importa quién puede explicar su gestión, responder por sus decisiones y presentarse ante la ciudadanía con transparencia.
Al final, cada aspirante tendrá que responder una pregunta que ninguna operación política puede contestar por él: ¿qué hizo con la responsabilidad que ya tuvo?
Porque las candidaturas se negocian, las alianzas se construyen y los respaldos pueden cambiar de un día para otro. Pero la trayectoria de una persona se forma con sus propios actos, y son esos actos los que tarde o temprano terminan hablando por ella.
En política, nadie puede garantizarse un futuro sin cuestionamientos. Lo que sí puede hacer cada funcionario es actuar con responsabilidad, respetar la ley y procurar que sus decisiones no se conviertan en la mayor dificultad para alcanzar sus siguientes aspiraciones.
El pasado no siempre condena, pero tampoco se borra por conveniencia. Y cuando llega el momento de rendir cuentas, ningún partido, ningún padrino y ninguna candidatura pueden sustituir la responsabilidad personal.
Porque el currículum público se construye mientras se ejerce el poder, no cuando comienzan las campañas. Y ese currículum, para bien o para mal, es responsabilidad de quien lo firma con sus decisiones.
JSL
