Cuando la ambición por una candidatura pesa más que el futuro del estado, la política deja de ser un instrumento de servicio y se convierte en una disputa de intereses personales.
Hay algo que debería preocuparnos mucho más que las encuestas, las candidaturas anticipadas, las reuniones de partido y las declaraciones de los políticos: ¿qué está pasando con Chihuahua mientras quienes aspiran a gobernarlo se dedican a disputarse el poder entre ellos?
Porque entre acusaciones, enfrentamientos, descalificaciones, expedientes judiciales y ajustes de cuentas, pareciera que una parte de la clase política ha perdido de vista lo verdaderamente importante: el estado y sus ciudadanos.
La sucesión de 2027 todavía no ha llegado a su punto decisivo y, sin embargo, las disputas ya ocupan buena parte de la conversación pública. Hay quienes buscan posicionarse, quienes intentan conservar espacios, quienes ven amenazadas sus aspiraciones y quienes parecen dispuestos a sacrificar hasta la unidad de su propio partido con tal de no quedarse fuera de la jugada.
Y en medio de todo eso, ¿dónde quedan los chihuahuenses?
¿Dónde quedan los municipios que necesitan mejores servicios públicos, las comunidades que reclaman seguridad, las familias que buscan oportunidades y los ciudadanos que esperan que sus gobernantes resuelvan problemas en lugar de fabricar nuevos conflictos?
Es una pregunta incómoda, pero necesaria.
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En el PAN, la situación que enfrenta el exfiscal César Jáuregui Moreno abrió un nuevo capítulo de tensión política. El 22 de octubre, un juez lo vinculó a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público y descartó hacerlo por coalición de servidores públicos en esa causa estatal. Por separado, enfrenta un procedimiento federal relacionado con el presunto delito de traición a la patria. Su responsabilidad penal deberá determinarse conforme a derecho, sin anticipar culpabilidades.
Pero más allá del expediente judicial, hay una consecuencia política que merece atención: las diferencias, los posicionamientos y las reacciones que el caso ha provocado dentro del panismo chihuahuense.
Alrededor de esta controversia se han expresado distintas voces y respaldos. Entre quienes el debate público identifica con el entorno político de Jáuregui están Juan Blanco, Pony Lara, Luis Terrazas, Isaac Díaz y Félix Martínez. Sus posturas deben valorarse a partir de lo que cada uno ha declarado y hecho públicamente; sin embargo, la discusión de fondo va mucho más allá de los nombres.
¿Qué sucede cuando la defensa de un compañero se convierte en una confrontación con la propia dirigencia o con la gobernadora? ¿En qué momento la solidaridad política deja de ser un principio y se transforma en una lucha por conservar posiciones?
Defender el debido proceso y exigir que la justicia actúe sin presiones es legítimo. Lo que no debería confundirse con esa defensa es el derecho a exigir impunidad, reclamar cuotas políticas o convertir una crisis institucional en moneda de cambio para negociar posiciones futuras.
Y tampoco sería justo dar por hecho que toda crítica a la gobernadora Maru Campos responde a un interés personal. Las diferencias políticas son válidas. Lo que los ciudadanos tienen derecho a exigir es congruencia, argumentos y responsabilidad.
Porque si alguien considera que el gobierno estatal ha cometido errores, que los señale con pruebas. Si cree que una decisión fue equivocada, que explique por qué. Pero si el debate termina reducido a quién conserva el poder, quién obtiene una candidatura y quién consigue acomodarse después de una crisis, entonces el interés público queda relegado.
Y Chihuahua no puede darse ese lujo.
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Del otro lado, Morena tampoco está exento de las tensiones internas.
La competencia política entre Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez y otros perfiles, junto con el papel de la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel y la participación de figuras como Juan Carlos Loera y Martín Chaparro, refleja que la disputa por el futuro político de Chihuahua también atraviesa al partido guinda.
La competencia por una candidatura no es, por sí misma, un problema. En una democracia, las aspiraciones existen y los partidos tienen derecho a debatir sus perfiles, comparar trayectorias y elegir a sus representantes.
El problema aparece cuando la competencia deja de girar alrededor de las propuestas y empieza a concentrarse en desacreditar al adversario, cuestionar su legitimidad o debilitarlo para mejorar la posición propia.
Entonces, las diferencias dejan de ser una oportunidad para discutir proyectos y se convierten en una batalla por el control.
Y eso no distingue colores.
En el PAN y en Morena hay políticos con trayectorias, capacidades, errores y aciertos distintos. Ninguna afiliación garantiza honestidad, así como ninguna militancia determina automáticamente que una persona sea incapaz de servir. Por eso, la evaluación ciudadana debería ir más allá de las siglas.
El problema no es que existan aspirantes con ambiciones; el problema es cuando esas ambiciones terminan valiendo más que las responsabilidades que dicen querer asumir.
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Hay una vieja práctica de la política mexicana que se repite elección tras elección: mientras un proyecto parece tener posibilidades de triunfo, abundan los respaldos, las fotografías, los discursos de lealtad y las promesas de unidad.
Pero cuando el escenario cambia, algunos comienzan a buscar culpables, a marcar distancias o a negociar una salida que les permita conservar un espacio.
La lealtad partidista no significa obediencia ciega. Tampoco implica defender cualquier decisión de un dirigente o funcionario. Un partido necesita voces críticas, personas capaces de señalar errores y militantes que no renuncien a sus principios por conveniencia.
Pero hay una diferencia enorme entre disentir por convicción y confrontar por interés.
La primera actitud puede fortalecer a una organización. La segunda termina desgastándola y alimentando el desencanto ciudadano.
Cuando un político parece más preocupado por asegurar su siguiente posición que por defender una propuesta, la pregunta resulta inevitable: ¿busca servir o simplemente permanecer?
Y cuando alguien pierde influencia, pero continúa comportándose como si tuviera derecho a repartir candidaturas, exigir cuotas o condicionar decisiones, los ciudadanos tienen razones para preguntarse si entiende que los partidos son organizaciones políticas, no propiedades particulares.
Ninguna persona debería sentirse dueña de una candidatura. Ningún grupo debería creer que el futuro de un partido depende exclusivamente de sus intereses. Y ningún cargo público debería convertirse en un patrimonio que se reclama como recompensa por los servicios prestados.
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Lo verdaderamente preocupante de estas disputas no es el espectáculo político en sí mismo. Es lo que pueden provocar.
Cuando los partidos consumen su energía en resolver pleitos internos, pueden perder capacidad para construir acuerdos, presentar soluciones y atender los problemas cotidianos. Cuando los aspirantes se concentran en destruir la imagen de sus adversarios, dejan menos espacio para explicar qué harían con una responsabilidad pública.
Y cuando las instituciones se convierten en piezas de una batalla política, la confianza ciudadana corre el riesgo de deteriorarse todavía más.
Por supuesto, los asuntos judiciales deben investigarse. Si existen indicios de delitos, corresponde a las autoridades actuar. Si hay funcionarios que cometieron irregularidades, deben responder conforme a la ley. Y si existen acusaciones sin sustento, también deben enfrentarse con pruebas y procedimientos legales.
La justicia no puede utilizarse como instrumento de revancha política, pero tampoco puede detenerse porque el señalado pertenezca a un partido, sea amigo de un gobernante o tenga aspiraciones electorales.
Ese debería ser un principio elemental para todos.
Lo que Chihuahua necesita no es una clase política que se proteja mutuamente ni otra que aproveche cada problema para obtener ventajas electorales. Necesita instituciones que funcionen, representantes que rindan cuentas y partidos que entiendan que su razón de existir no es repartir posiciones, sino ofrecer alternativas de gobierno.
Porque cada semana consumida en una disputa personal es una oportunidad perdida para discutir seguridad, infraestructura, agua, desarrollo económico, salud, educación y las necesidades particulares de cada municipio.
Esos son los temas que deberían marcar la agenda pública, no la lista de agravios entre aspirantes.
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Quizá uno de los errores más grandes de la política tradicional sea seguir creyendo que los ciudadanos votan únicamente por las siglas.
Cada vez resulta más importante examinar quién está detrás de ellas: qué ha hecho, cómo ha ejercido sus responsabilidades, qué resultados puede demostrar, cómo responde ante los cuestionamientos y qué tan congruente ha sido entre lo que promete y lo que practica.
Hay buenos y malos perfiles en todos los partidos. Hay personas que pueden aportar, independientemente de su militancia, y otras que pueden decepcionar incluso después de años de presumir sus credenciales partidistas.
Por eso, una candidatura no debería ser un premio a la antigüedad, una compensación por lealtades personales ni una concesión a quien más presiona dentro de una estructura.
Debería ser una responsabilidad confiada a quien demuestre preparación, integridad, capacidad de trabajo y compromiso con la comunidad.
Y los ciudadanos también tenemos una tarea: dejar de justificarlo todo cuando el señalado pertenece al partido que preferimos y dejar de condenarlo todo cuando pertenece al partido contrario.
Si exigimos transparencia a un adversario, debemos exigirla también a nuestros aliados. Si reclamamos justicia para unos, debemos defenderla para todos. Y si pedimos buenos gobiernos, no podemos conformarnos con candidatos que únicamente saben ganar una disputa interna.
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Al final, las candidaturas pasarán. Los cargos cambiarán de manos. Los grupos que hoy se sienten fuertes podrían perder influencia y quienes ahora están relegados podrían encontrar nuevas oportunidades.
La política siempre tendrá competencia, diferencias y ambiciones. Pretender lo contrario sería ingenuo.
Pero hay algo que no debería cambiar: la obligación de recordar para quién se gobierna.
Chihuahua no es propiedad del PAN, de Morena ni de ningún otro partido. Tampoco pertenece a un gobernador, a un alcalde, a un senador o a un grupo que considera que el poder le corresponde por derecho.
Chihuahua es de sus ciudadanos. De quienes trabajan todos los días, de quienes emprenden, de quienes viven en la capital, en la frontera y de quienes esperan oportunidades en los municipios más pequeños. De quienes votaron por un partido y de quienes eligieron otro. Incluso de quienes han dejado de creer en la política porque están cansados de ver las mismas disputas repetirse una y otra vez.
Por eso, antes de atacar a un compañero, negociar una candidatura o aprovechar la caída de un adversario, cada político debería hacerse una pregunta sencilla: ¿esto que estoy haciendo le sirve realmente a Chihuahua o solamente me sirve a mí?
Porque si la respuesta es la segunda, quizá sea momento de revisar las prioridades.
La verdadera derrota de Chihuahua no sería que un político perdiera una candidatura. Sería que, por la ambición de unos cuantos, los ciudadanos termináramos perdiendo la oportunidad de tener mejores gobiernos.
Y cuando llegue el momento de elegir, la ciudadanía tendrá que recordar quién presentó propuestas, quién rindió cuentas, quién respetó las instituciones y quién prefirió convertir la política en una guerra de intereses personales.
Porque los políticos pueden disputarse el poder todo lo que quieran.
Lo que no deberían olvidar es que el poder es temporal, las consecuencias de sus decisiones permanecen y Chihuahua está por encima de todos ellos.
