Entre el pasado partidista, las descalificaciones y los expedientes propios, la política chihuahuense parece haber perdido de vista lo verdaderamente importante.
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En la política chihuahuense hay una discusión que comienza a repetirse alrededor de Santiago de la Peña Grajeda: que si no es panista, que si alguna vez fue priista, que si no nació en Chihuahua, que si no tiene una credencial de militante de Acción Nacional.
Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿de verdad esos son los grandes argumentos que tienen sus detractores para cuestionar a un funcionario público que ha ocupado distintas responsabilidades en el servicio público y que hoy aparece en la conversación política como un posible aspirante a la candidatura del PAN por la Presidencia Municipal de Chihuahua?
Porque si alguien quiere discutir su eventual participación en la contienda de 2027, hay muchos asuntos que deberían estar sobre la mesa: su experiencia administrativa, sus decisiones, sus resultados, su desempeño, sus aciertos y también sus errores.
Pero reducir toda la conversación a dónde militó o dónde nació es una manera bastante limitada de abordar una responsabilidad pública.
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Uno de los argumentos que más se repiten entre quienes cuestionan a De la Peña es que no es panista de origen, que no cuenta con una militancia tradicional dentro de Acción Nacional o que anteriormente tuvo vínculos con el PRI.
Y sí, Santiago tuvo un pasado partidista, como muchos personajes de la política mexicana. Pero su historia política no puede congelarse en una fotografía de hace años, ni puede utilizarse como una condena permanente.
La política no debería funcionar como una aduana de apellidos, ni la participación pública tendría que estar reservada exclusivamente para quienes pueden presumir una credencial partidista de toda la vida.
La militancia es un elemento legítimo para discutir dentro de un partido. La experiencia, la preparación y el desempeño también lo son. Ninguno de esos aspectos debería utilizarse para evitar que se revisen los demás.
Y aquí aparece una primera contradicción que merece discutirse: mientras algunos utilizan el pasado priista de Santiago como argumento para descalificarlo, las propias dirigencias del PAN y del PRI ya han abierto conversaciones para explorar una posible alianza electoral rumbo a 2027.
No es un secreto. Ha habido acercamientos, reuniones y declaraciones públicas sobre la posibilidad de construir un proyecto común. Todavía no existe una coalición formalizada, pero la puerta está abierta.
Entonces, ¿cómo se explica que el pasado priista sea un defecto cuando se habla de Santiago, pero pueda convertirse en una virtud estratégica cuando se trata de construir una alianza electoral?
¿El PRI es un aliado aceptable para sumar votos, pero haber pertenecido a ese partido se convierte en una marca imborrable para una persona?
La congruencia también debería formar parte de la discusión política.
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Pero aquí viene una parte de la discusión que algunos parecen olvidar convenientemente.
Quienes hoy se han convertido en jueces de la trayectoria de Santiago de la Peña también deberían tomarse un momento para revisar la propia.
Porque en política hay personajes que tienen una enorme facilidad para señalar los antecedentes de los demás, pero muy poca disposición para que alguien revise los suyos.
Hay quienes critican, cuestionan y descalifican desde una posición que quizá no resistiría el mismo nivel de escrutinio que exigen para otros.
Y no estamos hablando de inventar acusaciones ni de lanzar sospechas al aire. Estamos hablando de algo tan elemental como la congruencia: si alguien pretende convertirse en fiscal de la vida pública de otro, debe estar dispuesto a que su propia trayectoria también sea examinada.
¿Cuántos de esos críticos tienen expedientes administrativos, decisiones cuestionables, antecedentes políticos incómodos o episodios de su paso por el servicio público que preferirían no volver a discutir?
¿Cuántos podrían sostener una revisión pública de su trayectoria con la misma severidad con la que pretenden revisar la de Santiago?
Porque una cosa es ejercer el derecho a criticar y otra muy distinta es pretender dar lecciones de transparencia cuando uno mismo tiene asuntos que explicar.
Y más todavía cuando algunos de los que participan en esta campaña de descalificaciones ni siquiera están buscando una candidatura, pero sí parecen empeñados en convertirse en los principales obstáculos de quien ha expresado públicamente su intención de participar.
La política también exige memoria, pero memoria completa. No solamente para recordar los antecedentes del adversario, sino también para no olvidar los propios.
Y cuidado: en una contienda interna, una trayectoria cuestionada puede convertirse en un problema mucho mayor que cualquier antecedente partidista. Basta con que aparezcan documentos, responsabilidades o decisiones que deban explicarse para que las aspiraciones de cualquiera tengan que enfrentar un examen mucho más serio.
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Otro de los cuestionamientos que aparecen es que Santiago no nació en Chihuahua.
¿Y eso qué?
Nacer en una ciudad no convierte automáticamente a nadie en el mejor perfil para gobernarla. Tampoco haber nacido fuera de ella significa carecer de identidad, compromiso o conocimiento de sus problemas.
Chihuahua necesita discutir capacidades, conocimiento de la ciudad, experiencia, propuestas y resultados. No convertir el acta de nacimiento en un requisito político que sustituya cualquier otro análisis.
Hay personas nacidas en esta capital cuya trayectoria merece ser examinada con el mismo rigor que la de cualquier ciudadano que aspire a gobernarla.
La pregunta no tendría que ser dónde nació alguien, sino qué ha hecho, qué puede demostrar y qué propone hacer por la ciudad.
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Y aquí quizá está el punto que algunos políticos han perdido de vista.
A la mayoría de los ciudadanos que no militan en ningún partido les tiene sin cuidado si un aspirante es panista, priista, morenista o de Movimiento Ciudadano.
No viven pensando en los estatutos de los partidos, ni en las credenciales de sus militantes, ni en las disputas internas de sus dirigencias.
Lo que quieren es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil de encontrar: una persona íntegra, preparada, con experiencia, capacidad para tomar decisiones y que pueda responder por sus actos.
Quieren saber si quien pretende gobernar conoce los problemas de la ciudad, si tiene soluciones, si sabe administrar los recursos públicos y si puede ofrecer resultados.
La ciudadanía no tiene por qué adoptar las filias y fobias de los grupos políticos. Tampoco tiene por qué aceptar que la pertenencia a determinado partido sea garantía automática de honestidad o capacidad.
Una credencial no sustituye la preparación. Una militancia no garantiza integridad. Y un apellido político tampoco constituye un currículum.
Por eso, la discusión sobre quién debe encabezar una candidatura tendría que ir mucho más allá de las diferencias entre grupos y de las etiquetas partidistas.
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También hay que poner algo en su justa dimensión.
Los acontecimientos, investigaciones y responsabilidades que involucran a otros funcionarios o personajes políticos deben atenderse de manera individual. Quien haya tomado decisiones, cometido errores o tenga que responder por actuaciones pasadas o presentes debe hacerlo ante las instancias correspondientes.
El caso de César Jáuregui, por ejemplo, pertenece a su propia historia y a las responsabilidades que le corresponda esclarecer.
Cada funcionario sabe a qué se expone cuando acepta una responsabilidad pública. El cargo implica obligaciones, decisiones y consecuencias. Y cuando llega el momento de responder, cada quien debe hacerlo por sus propios actos.
Santiago no tiene por qué cargar con las decisiones de otros políticos, con los problemas de otros funcionarios ni con los expedientes de quienes eventualmente puedan competir por una candidatura.
La responsabilidad pública es personal. La rendición de cuentas también.
Pretender mezclar historias, nombres y circunstancias para desacreditar a alguien no sustituye una investigación ni constituye un argumento político serio.
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Si se pretende cuestionar la trayectoria de Santiago de la Peña, que se haga con documentos, decisiones, contratos, responsabilidades y hechos verificables.
Que se revise su paso por la Oficialía Mayor, la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría General de Gobierno. Que se analicen sus decisiones y se señalen sus errores si los hay.
Eso sería una discusión política seria.
También él tendrá que aceptar que una eventual aspiración a gobernar Chihuahua implica someterse al escrutinio público, responder preguntas y demostrar con hechos lo que ofrece.
Nadie está por encima de la crítica, pero tampoco nadie debería ser condenado por rumores, etiquetas o responsabilidades ajenas.
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Santiago de la Peña ha manifestado que mantiene su aspiración a la Presidencia Municipal de Chihuahua y que está dispuesto a participar cuando el PAN establezca sus tiempos y condiciones.
El pasado 28 de octubre reiteró que sigue interesado en competir y que espera la convocatoria y los mecanismos que determine el partido.
Y mientras esa posibilidad siga sobre la mesa, seguramente continuarán los cuestionamientos. Es parte de la política y de cualquier proceso de competencia interna.
Pero hay una diferencia enorme entre cuestionar a un aspirante y tratar de construir una campaña de descalificación alrededor de su nombre.
Porque si sus adversarios consideran que existe algo más que cuestionar, que lo presenten. Si tienen documentos, que los exhiban. Si conocen hechos, que los expliquen. Y si tienen argumentos, que los pongan sobre la mesa.
Pero que también tengan la disposición de someterse al mismo examen.
Porque resulta muy cómodo revisar la casa ajena mientras se mantienen las cortinas cerradas en la propia.
Al final, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué más le van a sacar a Santiago?
¿Su pasado partidista? Ya lo conocen. ¿Que no nació en Chihuahua? Tampoco es un secreto. ¿Que no tiene una militancia panista tradicional? Es un asunto que corresponde discutir al partido y a quienes participan en sus procesos internos.
Pero si después de todo eso no aparecen señalamientos sustentados en hechos concretos, entonces habrá que preguntarse si realmente estamos ante una discusión sobre su trayectoria o simplemente ante una resistencia a que participe.
Y a quienes hoy se dedican a repartir descalificaciones habría que recordarles algo: antes de señalar la casa ajena, convendría revisar la propia. Porque en política nadie tiene asegurado que el día que se enciendan las luces, su expediente sea precisamente el que más convenga mostrar.
Santiago debe responder por Santiago. Jáuregui por Jáuregui. Y cada político por su propia historia. Lo demás es intentar cobrarle a uno las cuentas de otro.
Y si el PAN termina construyendo una alianza con el PRI, como actualmente se explora, tendrá que explicar por qué el pasado priista de un ciudadano sería motivo de exclusión mientras el priismo como fuerza política podría convertirse en socio electoral.
Al final, los ciudadanos tendrán la última palabra sobre qué perfiles consideran adecuados para gobernarlos. Y esa valoración debería partir de la integridad, la preparación, la experiencia y la capacidad, no solamente de las siglas que alguien lleve en su credencial.
Porque Chihuahua no necesita políticos que solamente sepan señalar los antecedentes de los demás. Necesita servidores públicos dispuestos a poner su propia trayectoria bajo la misma lupa que utilizan para examinar a los otros.
