Un buque sin identificación activa en la Sonda de Campeche ha puesto bajo sospecha la posible operación de huachicol marítimo en una de las zonas petroleras más importantes del país, en medio de versiones encontradas entre autoridades y trabajadores del sector.
El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Morales, admitió que se desconoce por qué la embarcación navegaba con el Sistema de Identificación Automática (AIS) apagado, una práctica irregular que impide rastrear su ubicación y actividad.
Aunque el funcionario aseguró que se investigará el caso, su declaración dejó abierta la posibilidad de fallas en la vigilancia marítima, al tratarse de una zona estratégica donde operan instalaciones clave de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con trabajadores petroleros, el comportamiento del buque coincide con esquemas utilizados para el robo de combustible en altamar: apagar sistemas de rastreo, operar cerca de plataformas y desplazarse junto a manchas de crudo.
El caso cobró mayor relevancia tras la detección de una extensa mancha de hidrocarburo —de más de 50 kilómetros— captada por la organización ambiental SkyTruth desde el 14 de febrero, misma que coincide con la ruta de la embarcación sospechosa.
A esta evidencia se suman reportes internos en instalaciones como Abkatún y Dos Bocas, donde personal detectó presencia de hidrocarburos en diversas plataformas entre el 6 y el 10 de febrero, sin que se identificara una fuga directa ni se detuviera la producción.
Mientras trabajadores descartan fallas estructurales en las plataformas, la Secretaría de Marina ha planteado explicaciones alternativas, como la presencia de chapopoteras naturales o la imposibilidad de identificar al responsable entre al menos 13 buques que operaban en la zona.
Sin embargo, esta postura ha sido señalada como incompleta, ya que imágenes satelitales muestran una estela de contaminación alineada con el trayecto de un solo buque, lo que refuerza la hipótesis de una operación deliberada.
El derrame, que habría sido desplazado por corrientes marinas hacia costas de Veracruz y el sur de Tamaulipas, expone no solo un posible delito ambiental, sino también vacíos en la supervisión marítima y coordinación internacional.
Especialistas advierten que las llamadas “dark vessels” —embarcaciones que apagan su AIS— suelen estar vinculadas a actividades ilícitas como contrabando o robo de hidrocarburos, lo que coloca este caso en una dimensión más amplia de crimen organizado en el Golfo de México.
Más allá de este episodio, el incidente reabre el debate sobre el control del huachicol, ahora trasladado del territorio terrestre al ámbito marítimo, donde la vigilancia es más compleja y las operaciones más difíciles de rastrear.
La investigación sigue en curso, pero el caso del buque “fantasma” deja una pregunta clave: ¿se trata de un hecho aislado o de una red operando con impunidad en aguas mexicanas?
