En medio de la polémica nacional por el fallecimiento de agentes estadounidenses en la sierra de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos ha optado por asumir un papel activo, dando la cara y estableciendo comunicación directa con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para esclarecer los hechos.
Lejos de evadir responsabilidades, la mandataria estatal ha impulsado la coordinación entre niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar especulaciones en un caso que rápidamente escaló a nivel internacional.
El contacto entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación refleja una ruta clara: orden, coordinación y rendición de cuentas.
Desde el inicio, la administración estatal ha sostenido que la presencia de los agentes estadounidenses estaba relacionada con labores técnicas y de capacitación, particularmente en el uso de drones, dentro de los esfuerzos por fortalecer la lucha contra el crimen organizado en la región serrana.
Esta postura se da en un contexto donde Chihuahua ha sido uno de los estados más activos en materia de seguridad, impulsando operativos constantes y esquemas de cooperación que buscan frenar a los grupos criminales.
El caso ha puesto en evidencia una diferencia de fondo: mientras a nivel federal se han generado cuestionamientos sobre la presencia de agentes extranjeros, en Chihuahua se ha privilegiado la acción operativa.
Bajo el gobierno de Maru Campos, la entidad ha reforzado:
* Las mesas de seguridad con autoridades de distintos niveles
* El uso de tecnología e inteligencia
* La colaboración internacional en tareas estratégicas
Todo ello con un objetivo claro: no ceder territorio al crimen organizado.
En lugar de politizar el tema, la gobernadora ha apostado por la institucionalidad, manteniendo comunicación con la Federación para alinear información y evitar que el caso derive en una crisis diplomática.
Este enfoque contrasta con las reacciones que han buscado centrar el debate en temas de soberanía sin reconocer el contexto operativo en el que ocurrió el incidente.
Más allá de la polémica, el episodio confirma que Chihuahua es un estado donde sí se actúa contra el crimen, incluso en escenarios complejos y de alto riesgo.
La postura de Maru Campos ha sido clara: colaborar, esclarecer y rendir cuentas a los chihuahuenses.
En un momento donde abundan los señalamientos, la gobernadora ha optado por lo esencial en el servicio público: asumir la responsabilidad y enfrentar los hechos de frente.
