En medio del ruido político nacional, hay una realidad que no puede ignorarse: en Chihuahua se combate al crimen organizado con acciones, no con discursos.
La reunión entre Omar García Harfuch y Maru Campos no ocurre en un vacío. Llega tras un hecho trágico, la muerte de agentes mexicanos y estadounidenses, que rápidamente fue utilizado para abrir un debate político que, más que buscar claridad, parece buscar culpables.
Pero hay algo que conviene dejar claro desde el inicio: lo ocurrido no fue producto de la omisión, sino del trabajo.
El operativo en la sierra de Chihuahua no era menor.
Se trataba de acciones contra estructuras del crimen organizado que, durante años, han operado con impunidad en distintas regiones del país.
Mientras en otros estados la estrategia ha sido contener o incluso evitar la confrontación, en Chihuahua se ha optado por una ruta distinta: Ir directamente contra las capacidades del crimen.
Eso implica riesgos.
Y esos riesgos, lamentablemente, a veces tienen consecuencias.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la presencia de ciudadanos estadounidenses en la zona.
Aquí es donde el debate se ha distorsionado.
La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos no es nueva, ni ilegal por definición. De hecho, ha sido una herramienta constante en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en temas de inteligencia, tecnología y capacitación.
Reducir este caso a una supuesta “violación a la soberanía” sin pruebas claras no solo es irresponsable, sino que ignora cómo funcionan realmente los esquemas modernos de seguridad.
Chihuahua no inventó esa cooperación.
La utilizó.
La administración de Maru Campos ha apostado por fortalecer las capacidades estatales, profesionalizar a sus corporaciones y generar coordinación real en las mesas de seguridad.
Ese modelo no es perfecto, pero sí ha sido consistente:
enfrentar al crimen, no administrarlo.
Y eso marca una diferencia clara frente a la narrativa federal, que insiste en centralizar decisiones mientras los estados cargan con la realidad operativa en el terreno.
El encuentro con Omar García Harfuch será presentado como un ejercicio de coordinación.
Pero en el fondo también es un recordatorio de algo más:
el Gobierno federal quiere dejar claro quién tiene el control.
La pregunta es si ese control se traduce en mejores resultados o solo en mayor burocracia.
Porque mientras se discuten protocolos, hay estados que están enfrentando directamente a las organizaciones criminales.
Y Chihuahua es uno de ellos.
La tragedia que detonó esta crisis no debería utilizarse como herramienta política.
Debería entenderse como lo que es:
el costo real de combatir estructuras criminales complejas.
Intentar convertirla en un argumento contra el gobierno estatal no solo es injusto, sino que desincentiva precisamente lo que el país necesita más:
autoridades que actúen.
Chihuahua no está libre de errores, pero tampoco está inmóvil.
En un país donde muchas veces se opta por la inacción disfrazada de estrategia, hay estados que están tomando decisiones difíciles.
Y eso, aunque incomode, también debería reconocerse.
