El exfiscal de Chihuahua quedó bajo custodia federal después de que un juez estatal le permitió enfrentar en libertad condicional los cargos locales. La audiencia federal podría realizarse el martes.
Chihuahua, Chih., 19 de octubre de 2026.— El exfiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México, para comparecer ante una autoridad judicial federal por la acusación de presunta traición a la patria.
Su defensa confirmó que el traslado se realizaría luego de concluir la audiencia inicial en Chihuahua, donde el juez de control resolvió que el exfuncionario pudiera enfrentar en libertad condicional el procedimiento penal abierto en su contra por delitos del fuero estatal.
El abogado Héctor Villasana explicó que la orden federal requiere la presencia de Jáuregui ante la jueza que lleva el caso en el Estado de México. De acuerdo con lo informado por el litigante, la comparecencia podría efectuarse el martes, aunque la fecha y hora definitivas dependerán de la autoridad judicial.
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El caso del exfiscal avanzó por dos vías judiciales. En Chihuahua, la Fiscalía General del Estado le atribuye presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, relacionados con la participación de personal extranjero en actividades de investigación y seguridad.
En el ámbito federal, la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión por hechos que, según la dependencia, podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
La diferencia entre ambos procedimientos es fundamental: la resolución que permite a Jáuregui llevar su proceso estatal en libertad no cancela la orden federal ni impide que sea presentado ante el juzgado que lo requiere.
La medida dictada en Chihuahua contempla la entrega de su pasaporte, la obligación de presentarse a firmar cada 30 días y la prohibición de acercarse a testigos, de acuerdo con información de la audiencia difundida por La Jornada.
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La acusación federal está relacionada con el operativo efectuado en abril pasado contra un presunto laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, municipio de Morelos.
La FGR sostiene que el exfiscal habría permitido la intervención de agentes estadounidenses sin la autorización correspondiente de las autoridades federales mexicanas. La dependencia considera que los hechos podrían representar una afectación a la soberanía nacional y a las facultades exclusivas de la Federación en materia de seguridad.
La investigación cobró mayor relevancia después de que dos ciudadanos estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieran en un accidente vehicular ocurrido cuando regresaban de la zona serrana.
Según los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público estatal, los agentes extranjeros habrían mantenido presencia en instalaciones de seguridad de Chihuahua desde octubre de 2025 y participado en otras actividades antes del operativo de abril. La Fiscalía también habría incorporado entrevistas, registros de hospedaje, contratos de arrendamiento de vehículos y datos de geolocalización.
La identidad y las funciones de los ciudadanos estadounidenses, así como la legalidad de su participación en las operaciones, forman parte de los elementos que las autoridades buscan esclarecer.
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Tras la resolución judicial en Chihuahua, Villasana aseguró que su cliente se encontraba bien y que la decisión estatal favorecía su estrategia legal. Sin embargo, el traslado al Altiplano abre una nueva etapa en la que la defensa deberá responder a los señalamientos de la Fiscalía federal.
En esa audiencia se espera que se formalicen las imputaciones correspondientes y que el juzgado determine la situación jurídica del exfiscal conforme a los plazos y procedimientos aplicables.
La acusación de traición a la patria todavía deberá sostenerse ante los tribunales. La existencia de una orden de aprehensión y el traslado a un centro penitenciario federal no equivalen a una sentencia condenatoria.
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El expediente ha generado repercusiones políticas y jurídicas debido a las posibles implicaciones de la cooperación entre autoridades mexicanas y personal extranjero en operaciones contra el narcotráfico.
El desenlace dependerá de las pruebas que presenten las fiscalías, los argumentos de la defensa y las determinaciones de los jueces que conocen de ambos procedimientos.
Por lo pronto, César Jáuregui deberá atender la acusación federal en el Altiplano mientras continúa pendiente la resolución definitiva de los procesos abiertos en su contra. El caso mantiene bajo escrutinio la actuación de las autoridades estatales y federales en uno de los operativos de seguridad más controvertidos de Chihuahua durante este año.
