Maru Campos reacomoda el gabinete de seguridad: Gilberto Loya asume la Fiscalía y Luis Ángel Aguirre llega a la SSPE

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció una reestructuración en las principales instituciones estatales de seguridad y procuración de justicia al designar a Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) y nombrar a Luis Ángel Aguirre Rodríguez como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
El movimiento modifica la conducción de dos dependencias estratégicas de la administración estatal y abre una nueva etapa para la Fiscalía, que permanecía bajo un encargado de despacho tras la salida de César Jáuregui Moreno.
Durante el anuncio, la mandataria explicó que busca trasladar a la procuración de justicia una exigencia de resultados semejante a la planteada en materia de seguridad pública, con énfasis en el orden institucional, la inteligencia y la eficacia operativa.
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La designación ocurre después de una etapa de cambios en la institución. El 27 de abril de 2026, César Jáuregui Moreno presentó su renuncia irrevocable como fiscal general, en medio de la controversia por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo relacionado con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en la sierra de Chihuahua. Jáuregui reconoció entonces omisiones en la gestión institucional de la información y los mecanismos de comunicación.
Tras esa renuncia, Maru Campos nombró a Francisco Sáenz Soto encargado del despacho, mientras se desarrollaba el procedimiento para designar a la persona titular definitiva. Ahora, con la llegada de Loya, se produce un nuevo relevo en la conducción de la Fiscalía.
El cambio se da, además, en un contexto en el que la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia resulta central para las investigaciones criminales, la integración de carpetas y el seguimiento de los casos ante los tribunales.
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Loya cuenta con una trayectoria vinculada a las corporaciones policiales. Es ingeniero en Electromecánica por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y ha ocupado distintos cargos en áreas de seguridad pública en Chihuahua y Puebla. Entre 2016 y 2021 estuvo al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, antes de asumir responsabilidades en el ámbito estatal.
Durante su gestión en la SSPE, uno de los proyectos emblemáticos fue la Plataforma Centinela, un modelo de vigilancia e inteligencia tecnológica que el Gobierno estatal ha presentado como una herramienta para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones.
Su nuevo encargo supone un cambio de funciones: de la prevención del delito y la operación policial a la conducción de una institución responsable de investigar delitos, integrar expedientes y ejercer la acción penal conforme a sus atribuciones legales.
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En paralelo, Luis Ángel Aguirre Rodríguez fue designado titular de la SSPE. Antes del nombramiento se desempeñaba como subsecretario de Estado Mayor de la propia dependencia, por lo que su llegada representa una transición interna dentro de la estructura estatal de seguridad.
La continuidad operativa será uno de los principales aspectos a observar en esta nueva etapa, particularmente en el funcionamiento de la Plataforma Centinela, el despliegue policial y la coordinación con las autoridades municipales y federales.
La designación definitiva queda pendiente
Aunque Loya ya asumió el despacho de la Fiscalía, su nombramiento no equivale a la designación definitiva como fiscal general. La gobernadora señaló que el procedimiento constitucional correspondiente continuará y que el Congreso del Estado tendrá intervención en la aprobación de quien ocupe formalmente el cargo.
El reto inmediato será mantener la continuidad de las investigaciones y la operación de la Fiscalía durante la transición. También será relevante conocer cómo se articulará el trabajo entre la FGE y la SSPE bajo sus nuevos titulares.
Con este reacomodo, el Gobierno de Chihuahua modifica la conducción de sus dos principales áreas de seguridad y justicia. Los resultados de la nueva etapa dependerán de la coordinación institucional, la solidez de las investigaciones y la capacidad de ambas dependencias para responder a las demandas de seguridad y justicia de la población.