Aunque los tiempos electorales aún no inician formalmente, la lucha por el posicionamiento rumbo a 2027 ya comenzó en Chihuahua. La reciente denuncia interpuesta por el abogado y exmagistrado Luis Villegas Montes contra el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, no solo debe leerse en términos jurídicos, sino como un movimiento político con claros efectos mediáticos.
Villegas acusa a De la Peña de incurrir en actos anticipados de campaña y de utilizar recursos públicos para posicionar su imagen rumbo a la alcaldía de Chihuahua. Sin embargo, más allá del contenido de la denuncia que el propio funcionario ha calificado como una “confusión”, el fondo del asunto parece apuntar a otra lógica: la de frenar, o al menos incomodar, a uno de los perfiles que ha comenzado a crecer dentro del escenario político estatal.
La respuesta de De la Peña no fue menor. Con un tono firme, desestimó las acusaciones y lanzó una pregunta que sintetiza su defensa: “¿Cómo voy a utilizar recursos para una campaña que no existe?”. En su narrativa, lo que se pretende presentar como promoción personalizada no es más que el cumplimiento de una obligación institucional: comunicar las acciones de gobierno.
Pero en política, las formas también comunican poder. Y en ese terreno, la exposición constante, aunque sea bajo el argumento de la rendición de cuentas, inevitablemente genera posicionamiento. Es precisamente ahí donde la denuncia encuentra su espacio: en la zona gris entre la comunicación institucional y la construcción de una figura pública competitiva.
La pregunta entonces no es solo si hay o no elementos jurídicos suficientes, sino por qué ahora y por qué contra De la Peña.
En distintos círculos políticos, la figura del secretario ha comenzado a ser vista como una opción viable dentro del grupo en el poder para futuras candidaturas. Su perfil técnico, su cercanía con la toma de decisiones y su creciente visibilidad lo colocan en una posición que, naturalmente, despierta resistencias.
En ese contexto, la acción de Luis Villegas Montes puede interpretarse como un intento de introducir ruido en esa construcción. No necesariamente con la expectativa de una sanción inmediata, sino con el objetivo de instalar una narrativa: la de un funcionario que, desde ahora, estaría cruzando líneas.
Este tipo de movimientos no son nuevos en la política mexicana. Las denuncias, más allá de su viabilidad legal, suelen cumplir una función estratégica: marcar agenda, generar percepción y obligar al señalado a entrar en una lógica de defensa.
De la Peña, por su parte, ha optado por minimizar el impacto y mostrarse dispuesto a comparecer ante cualquier instancia electoral, apostando a que la falta de pruebas desactive el tema. Sin embargo, el episodio deja claro que su nombre ya está en el tablero… y que también comienza a ser objetivo.
Porque si algo revela esta denuncia es que, aun sin campañas oficiales, la competencia por Chihuahua capital ya empezó. Y en esa competencia, no solo se disputan votos: se disputan narrativas, percepciones y, sobre todo, el momento político.
