En la política mexicana no sólo se compite en las urnas, también, y cada vez más, en el terreno de la narrativa. Y ahí es donde ciertos medios, páginas y “comentócratas” han decidido renunciar al mínimo pudor para convertirse en operadores abiertos del poder. Lo ocurrido este domingo 29 de marzo es un ejemplo claro: la difusión de imágenes de la gobernadora Maru Campos realizando compras en un supermercado (en día de descanso e inicio de semana mayor en la que la nota periodística es escasa), adquiriendo productos locales e interactuando con ciudadanos, fue suficiente para desatar una ola de críticas desproporcionadas desde plataformas abiertamente alineadas con Morena.
¿Qué les molestó realmente? ¿La cercanía con la gente? ¿El consumo de lo local? ¿O simplemente que no pertenece a su proyecto político?
La escena, en cualquier democracia madura, sería irrelevante o incluso positiva: una gobernante en contacto directo con la cotidianidad de su estado. Sin embargo, para los llamados medios “chayoteros” de la 4T, cualquier acción de un adversario debe ser distorsionada, ridiculizada o convertida en sospecha. No hay matices, no hay análisis, no hay contexto. Sólo consigna.
Pero la incongruencia se vuelve escandalosa cuando se contrasta con el silencio, cómplice, que esos mismos espacios han guardado frente a figuras de su propio movimiento. Ahí está el caso de la senadora Andrea Chávez, quien durante meses inundó redes sociales con una estrategia de promoción personal basada en la entrega de ambulancias y apoyos cuya procedencia ha sido cuestionada. Versiones públicas han señalado posibles vínculos con recursos de origen dudoso, incluso relacionados con personajes bajo sospecha de corrupción y estructuras criminales.
Y sin embargo, para esos mismos “analistas”, no hubo escándalo. No hubo indignación. No hubo hilos virales ni columnas incendiarias. Hubo silencio.
Ese silencio no es casualidad. Es parte de un modelo: atacar al adversario por todo, justificar al aliado en todo. Es la esencia de la propaganda, no del periodismo.
Más grave aún es el trasfondo económico. Muchos de estos espacios operan bajo incentivos claros: convenios, contratos de publicidad oficial, pagos indirectos o simples favores políticos. El resultado es un ecosistema donde la opinión se alquila y la crítica se dosifica según quién pague la factura. La ética queda relegada a un segundo plano frente al flujo de dinero.
La hipocresía es evidente. Se escandalizan por una visita al supermercado, pero normalizan, o encubren, prácticas mucho más cuestionables. Se presentan como voces del “pueblo”, pero actúan como voceros de intereses muy específicos. Critican los excesos del pasado, mientras replican los mismos vicios con distinto color.
Al final, el problema no es que existan medios con línea editorial definida, eso es parte del juego democrático, sino que se disfracen de independientes mientras operan como maquinaria política. Que simulen indignación selectiva. Que pretendan engañar a una audiencia que, cada vez más, empieza a notar las costuras.
Porque la credibilidad, a diferencia del dinero, no se puede mantener indefinidamente. Y cuando se pierde, no hay narrativa que la rescate, y menos con notas de 4a.
