La presidenta cuestionó que México actuara con base en acusaciones de Washington; pese a sus reparos, finalmente habría autorizado el bloqueo de cuentas
CIUDAD DE MÉXICO.— Una nueva tensión entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y las autoridades de Estados Unidos habría alcanzado al más alto nivel de la administración federal.
De acuerdo con una investigación publicada por The Wall Street Journal, la presidenta habría cuestionado directamente a integrantes de su equipo de seguridad e inteligencia por avanzar en el congelamiento de cuentas bancarias de personas señaladas por Estados Unidos de tener presuntos vínculos con organizaciones criminales.
El episodio habría ocurrido la semana pasada durante una reunión privada en Palacio Nacional y uno de los funcionarios involucrados habría sido Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según las fuentes citadas por el diario estadounidense, Sheinbaum habría reprochado a sus colaboradores que dieran por hecho que Washington contaba con pruebas suficientes contra los señalados, particularmente antes de que México asumiera como propias las acusaciones estadounidenses.
La reunión no ha sido confirmada oficialmente y los voceros de la presidenta y de García Harfuch declinaron comentar el contenido de la versión publicada por el periódico estadounidense.
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El trasfondo del desencuentro serían las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 21 personas y 25 empresas presuntamente relacionadas con una facción del Cártel de Sinaloa en Baja California.
Entre los señalados aparece Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Autoridades estadounidenses lo ubican presuntamente como operador político de una estructura vinculada con actividades criminales.
La gobernadora ha negado cualquier irregularidad y ha señalado que actualmente está divorciada de Torres. Su gobierno también ha enfatizado que ella no forma parte de la lista de personas sancionadas por Estados Unidos.
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Pese a los cuestionamientos atribuidos a Sheinbaum, el gobierno mexicano finalmente habría procedido con el congelamiento de cuentas para evitar un mayor deterioro en la relación bilateral.
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó cuentas de personas y empresas incluidas en las sanciones estadounidenses después de identificar operaciones financieras consideradas de riesgo.
El detalle que llamó la atención es que, de acuerdo con el reporte del Wall Street Journal, la comunicación mexicana sobre los bloqueos no hizo referencia directa a los presuntos vínculos de los señalados con el crimen organizado.
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El episodio expone una de las principales tensiones que enfrenta actualmente el gobierno de Sheinbaum: mantener la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos sin permitir que las acusaciones provenientes de Washington se conviertan automáticamente en decisiones dentro de México.
La presidenta ha endurecido en las últimas semanas su discurso frente a Estados Unidos y ha insistido en que la cooperación bilateral debe respetar la soberanía mexicana.
El Wall Street Journal sostiene que Sheinbaum considera que algunas de las recientes acciones estadounidenses podrían tener también una dimensión política y representar una presión sobre su gobierno y Morena.
El caso también coloca bajo los reflectores a García Harfuch, quien se ha convertido en una de las figuras centrales de la estrategia de seguridad del gobierno federal.
Si la versión publicada por el diario estadounidense se confirma, el episodio mostraría algo más que una diferencia de criterios entre la presidenta y su secretario de Seguridad: revelaría el difícil equilibrio que enfrenta el gobierno mexicano entre cooperar con Washington en la lucha contra el crimen organizado y evitar que esa cooperación sea interpretada como obediencia a las decisiones de Estados Unidos.
Por ahora, la reunión permanece en el terreno de las versiones periodísticas. Lo que sí es público es que las sanciones estadounidenses terminaron teniendo consecuencias financieras en México y que el gobierno de Sheinbaum decidió actuar, aun después de los cuestionamientos atribuidos a la presidenta.
