Hay algo que algunos parecen estar olvidando en medio de la disputa política que ya comienza a calentarse rumbo a 2027: el proyecto no pertenece a una persona, a un grupo ni a una corriente. Si de verdad existe un proyecto político para Chihuahua, entonces debe tener un solo apellido: Chihuahua.
El problema aparece cuando las aspiraciones personales comienzan a confundirse con los intereses colectivos y las diferencias políticas se convierten en resentimientos que terminan contaminando cualquier posibilidad de construir acuerdos.
Desde la perspectiva de un ciudadano que no milita en ningún partido, la discusión se ve de una manera mucho más sencilla. No interesa demasiado quién tiene más años de militancia, quién pertenece a determinada corriente o quién puede presumir mayor cercanía con un grupo. Lo que importa es quién tiene capacidad para gobernar, quién conoce los problemas de la ciudad, quién puede generar confianza y quién tiene la experiencia necesaria para tomar decisiones.
Y hay una pregunta que cualquier ciudadano responsable tendría derecho a hacerse antes de depositar su voto: si el candidato viene cargando alguna situación negativa en su currículum que pudiera afectar su capacidad para gobernar o la confianza que merece.
Esa revisión tendría que hacerse con todos, sin excepciones y sin dobles estándares. Una sociedad madura no debería elegir únicamente por simpatía ni tampoco rechazar a alguien por una campaña de descalificación. Hay que revisar trayectorias, resultados, aciertos, errores y circunstancias, para después decidir.
Ese debería ser el verdadero debate.
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Dentro del panismo hay quienes parecen haber convertido la identidad partidista en el principal criterio para determinar quién puede o no encabezar una candidatura.
Pero una elección constitucional no se gana únicamente con militantes.
Se gana con ciudadanos.
Y una buena parte de esos ciudadanos no tiene credencial partidista ni participa en las estructuras internas. Son personas que pueden votar por un partido en una elección y por otro en la siguiente. Son quienes terminan inclinando la balanza cuando llega el momento de decidir.
Por eso resulta poco útil intentar descalificar a un perfil con el argumento de que no es suficientemente “azul”. La ciudadanía no tiene obligación de compartir ese criterio y, mucho menos, de convertirlo en la medida de su voto.
En ese sentido, el crecimiento de Santiago de la Peña dentro de la conversación política merece ser observado con seriedad. No significa que una candidatura esté definida ni que el resultado pueda darse por anticipado. Significa que existe un perfil que ha logrado colocarse en la discusión y que, por lo mismo, tendrá que ser evaluado por sus capacidades, su trayectoria, sus resultados y también por aquello que pudiera representar un negativo.
Eso es política.
Lo demás es solamente intentar cerrar anticipadamente una competencia que todavía no termina.
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Y aquí aparece una cuestión que, desde una perspectiva ciudadana, resulta inevitable.
Tal vez Santiago de la Peña está siendo atacado con tanta intensidad no solamente por sus características personales o políticas, sino porque algunos sectores pueden percibirlo como el final de una determinada continuidad.
No necesariamente de un gobierno, sino de determinadas formas de hacer política, de ciertas relaciones, de espacios de influencia y, posiblemente, de intereses que durante años han encontrado comodidad dentro de determinados círculos.
No afirmo que eso sea un hecho, porque para hacerlo habría que demostrarlo.
Pero sí creo que es una pregunta legítima dentro del análisis político: ¿será que para algunos sectores la llegada de un nuevo perfil representa el riesgo de que se terminen ciertos negocios, acuerdos o intereses que han disfrutado durante años?
En términos coloquiales, podría resumirse en una expresión que cualquier ciudadano entiende:
“Se les puede acabar la fiesta.”
Y quizá esa posibilidad explique parte de algunas resistencias.
O quizá no.
Pero vale la pena observar quiénes atacan, por qué lo hacen y, sobre todo, qué argumentos utilizan.
Porque cuando la principal crítica contra una persona consiste en decir que no es suficientemente azul, uno comienza a preguntarse si realmente se está discutiendo su capacidad para gobernar o simplemente se está defendiendo un territorio político.
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Los recientes movimientos, renuncias y salidas que se han presentado dentro de la administración estatal tampoco pueden ignorarse en este ambiente.
Particularmente porque algunos de quienes han dejado sus cargos tienen una trayectoria política y han expresado posiciones respecto de la sucesión.
Eso no significa que cada renuncia tenga una explicación electoral ni que detrás de cada movimiento exista una operación política. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas.
Pero sí resulta evidente que los tiempos electorales empiezan a modificar comportamientos.
Quien ocupa una responsabilidad dentro del gobierno tiene que entender que existe una diferencia entre desempeñar una función pública y construir una aspiración electoral. Cuando ambas actividades comienzan a cruzarse, inevitablemente aparecen decisiones.
Y esas decisiones no deberían sorprender a nadie.
Un gobierno necesita funcionarios concentrados en gobernar y los aspirantes necesitan libertad para construir sus proyectos políticos. Pretender jugar simultáneamente en ambos terrenos puede terminar siendo incompatible.
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Lo que sí debería preocupar al panismo es que la competencia interna termine convirtiéndose en una guerra.
Porque mientras los grupos se desgastan, el adversario electoral observa.
El enemigo político no está dentro del mismo partido. La competencia real está afuera y será la ciudadanía la que determine quién merece gobernar.
Las diferencias internas son normales y hasta necesarias. Lo que resulta peligroso es convertirlas en campañas de destrucción, particularmente cuando la única intención parece ser impedir que otro perfil avance.
Si alguien considera que existe una mejor opción que Santiago de la Peña, debe demostrarlo.
Con argumentos.
Con resultados.
Con capacidad.
Con una propuesta que convenza.
Eso sería una competencia sana.
Lo que no ayuda es recurrir a la descalificación personal o al argumento de la pureza partidista para tratar de impedir que un perfil pueda crecer.
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Quizá la mejor manera de enfrentar 2027 sea recordar que los partidos existen para representar a los ciudadanos y no al revés.
El PAN no puede darse el lujo de seleccionar a su candidato pensando únicamente en satisfacer a sus grupos internos. Necesita encontrar a quien tenga la capacidad de ampliar su base electoral, atraer ciudadanos que no militan y competir con posibilidades reales.
Eso obliga a mirar más allá de los círculos partidistas.
Y también obliga a aceptar que el ciudadano puede tener una opinión distinta a la que prevalece dentro de las estructuras.
Un candidato puede ser extraordinariamente querido dentro de un grupo y no generar el mismo entusiasmo afuera.
Otro puede no ser el favorito de las estructuras y, sin embargo, tener una capacidad mucho mayor para conectar con la sociedad.
La elección se decide en ese segundo terreno.
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Por eso la discusión debería regresar a su origen.
No se trata de quién gana una batalla interna, sino de quién puede construir el mejor proyecto para la ciudad y para el estado.
Si Santiago de la Peña resulta ser el perfil que mayor confianza genera entre los ciudadanos, tendrá que ser reconocido por eso. Y si otro aspirante demuestra ser mejor, también deberá reconocerse.
Lo importante es que la decisión no se tome desde el resentimiento, las viejas facturas o la necesidad de conservar espacios de poder.
Que se tome pensando en Chihuahua.
Porque quizá el error más grande de cualquier grupo político sea creer que la ciudadanía está obligada a respetar sus acuerdos internos.
No lo está.
Los ciudadanos son quienes finalmente deciden.
Y cuando llegue ese momento, probablemente importará mucho menos quién fue el más azul, quién tuvo más operadores o quién logró imponerse en una disputa interna. Importará quién logró convencer a la gente de que podía hacer mejor las cosas.
Ese es el verdadero reto.
Por eso quienes participan desde ahora en la disputa por 2027 deberían tener cuidado con algo: no confundir la defensa de una candidatura con la defensa de Chihuahua.
Porque una candidatura puede tener nombre y apellido.
Un grupo también.
Un interés particular, desde luego.
Pero un proyecto de estado debería ser mucho más grande que cualquiera de ellos.
El proyecto se llama Chihuahua.
Y si para que ese proyecto avance es necesario que algunas personas pierdan privilegios, algunos grupos pierdan influencia o algunas viejas formas de hacer política lleguen a su fin, quizá eso no sea una tragedia.
Quizá sea, simplemente, el cambio que los ciudadanos estaban esperando.
