El presidente de Estados Unidos reconoce avances de Sheinbaum contra el narcotráfico, pero reclama resultados contra la corrupción política y advierte que la lucha no puede limitarse a detener capos
La lucha contra el narcotráfico entre México y Estados Unidos entró en una nueva etapa de presión bilateral. El presidente estadounidense Donald Trump reconoció avances del gobierno de Claudia Sheinbaum en decomisos de droga, desmantelamiento de laboratorios clandestinos y despliegue de fuerzas de seguridad, pero sostuvo que México debe hacer más, particularmente contra funcionarios públicos que colaboren o encubran a organizaciones criminales.
La exigencia forma parte de la determinación presidencial que Trump envió al Congreso estadounidense sobre los principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas. En el apartado dedicado a México, el mandatario señaló que la cooperación bilateral ha permitido resultados contra algunos de los principales líderes del crimen organizado, pero insistió en que también debe atacarse la denominada “narcocorrupción”.
Trump pidió específicamente identificar, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos que hayan ayudado o protegido a los cárteles, argumentando que este tipo de complicidades representan una amenaza para la seguridad y soberanía mexicana.
El planteamiento representa un cambio importante en el énfasis de la presión estadounidense: además de perseguir a los integrantes de las organizaciones criminales, Washington está colocando en el centro de la discusión a las posibles redes de protección política, administrativa y financiera que permiten operar a los grupos delictivos.
Este enfoque ya había comenzado a manifestarse durante 2026. Investigaciones periodísticas han reportado que autoridades estadounidenses han puesto bajo escrutinio a funcionarios mexicanos de alto nivel por presuntos vínculos con organizaciones criminales; los señalados han rechazado las acusaciones y, en algunos casos, han negado conocer la existencia de investigaciones en su contra.
El asunto adquiere una dimensión adicional rumbo a las elecciones de 2027, cuando México renovará diversos cargos de elección popular. El propio gobierno mexicano anunció recientemente una estrategia para prevenir la infiltración del crimen organizado en candidaturas, incluyendo mecanismos de revisión de perfiles y zonas consideradas de riesgo.
Sheinbaum responde: “México sabe cuáles son sus problemas”
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves a los señalamientos de Trump rechazando que México necesite ser evaluado desde el extranjero.
“No necesitamos que nos juzguen desde fuera; sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días”, afirmó durante su conferencia matutina.
Al mismo tiempo, Sheinbaum planteó que Estados Unidos también debe rendir cuentas sobre su propia estrategia contra las organizaciones criminales. Cuestionó las acciones estadounidenses contra distribuidores de droga, el lavado de dinero y el tráfico de armas hacia México, además de señalar el consumo de opioides como parte de la problemática bilateral.
El mensaje de Washington ocurre mientras Estados Unidos mantiene a México dentro de la lista de países considerados relevantes para la producción o tránsito de drogas ilícitas. Aunque Trump reconoce acciones concretas del gobierno mexicano, su documento sostiene que los esfuerzos todavía resultan insuficientes.
La discusión, por tanto, ya no se limita a cuántas toneladas de droga son decomisadas o cuántos integrantes de los cárteles son detenidos. El nuevo punto de presión está en determinar hasta dónde llegan las redes de protección dentro de las instituciones mexicanas y qué autoridades serán investigadas cuando existan evidencias de posibles vínculos con el crimen organizado.
Ese será uno de los temas más delicados de la relación México-Estados Unidos en los próximos meses, particularmente porque cualquier investigación contra funcionarios o políticos puede tener consecuencias no solamente judiciales, sino también institucionales y electorales.
El mensaje de Trump es claro: para Washington, combatir a los cárteles ya no significa únicamente perseguir a quienes empuñan las armas o trafican la droga; también significa investigar a quienes, desde las instituciones, pudieran facilitar que esas organizaciones operen.
