Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que establece una jornada laboral máxima de 40 horas semanales con transición gradual hasta 2030, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, consideró que es necesario analizar sus efectos.
El funcionario expresó que espera que la medida tenga efectos positivos, pero advirtió que es importante valorar el impacto social y económico real, para evitar que con el tiempo se detecten deficiencias que obliguen a realizar ajustes posteriores.
La reforma también fija límites al tiempo extraordinario y prohíbe reducir salarios durante la transición, además de impedir que menores de 18 años laboren horas extra.
Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, señaló que si bien no es especialista en derecho laboral, los cambios recientes en materia legislativa han adolecido de falta de consenso entre trabajadores y sector empresarial.
