En medio de la violencia que golpea a México, hay hechos que no admiten ambigüedades. La muerte de agentes de la AEI y de dos elementos norteamericanos en Chihuahua no puede reducirse a una estadística más ni a un accidente aislado. Es, ante todo, el reflejo de una realidad: hay quienes sí están enfrentando al crimen organizado, aun a costa de su vida.
Murieron en cumplimiento del deber. Y esa frase, que a veces se usa como fórmula institucional, en este caso cobra un peso real. Porque implica que estaban en campo, trabajando, arriesgándose. No estaban en discursos, ni en conferencias, ni en estrategias abstractas: estaban actuando.
En Chihuahua, esa acción no es casualidad. Responde a una política de seguridad que, desde el inicio de la administración de Maru Campos Galván, ha apostado por la coordinación operativa y la presencia constante en territorio. Un ejemplo claro son las mesas de seguridad que se realizan de manera periódica, donde autoridades estatales, federales y en ocasiones internacionales comparten información, definen operativos y dan seguimiento puntual a los focos rojos.
Estas mesas no son un mero protocolo. Son espacios donde se toman decisiones que derivan en acciones concretas: despliegues, detenciones, cateos, investigaciones. Es ahí donde se articula la estrategia que lleva a los agentes al terreno. Y es también ahí donde se asume, de forma implícita, el riesgo que implica enfrentar estructuras criminales cada vez más complejas.
Chihuahua, con todos sus problemas y pendientes, ha mantenido una línea clara en materia de seguridad: confrontar a los grupos delictivos. Eso tiene costos. Costos humanos, costos políticos, costos sociales. Pero también implica una postura: no ceder el control del territorio.
El contraste con la estrategia federal ha sido evidente. Desde el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se ha privilegiado un enfoque que apuesta por atender las causas sociales de la violencia. La intención puede ser válida, pero en la práctica ha sido cuestionada por amplios sectores que ven cómo el crimen organizado mantiene, e incluso amplía, su presencia en distintas regiones del país.
Decir esto no es menor. Porque cuando la autoridad se repliega o actúa con tibieza, el vacío no queda vacío: lo ocupan los grupos criminales. Y cuando, por el contrario, se decide enfrentarlos, ocurren episodios como el de Chihuahua: operativos, riesgos y, lamentablemente, pérdidas humanas.
No se trata de romantizar la violencia ni de normalizar la muerte de quienes portan un uniforme. Se trata de reconocer que hay una diferencia entre combatir y administrar el problema. Entre asumir el costo político de actuar o diluir la responsabilidad en discursos.
Los agentes que perdieron la vida no son piezas de un debate partidista, pero su muerte sí exhibe las consecuencias de las decisiones en materia de seguridad. También pone sobre la mesa el papel de los gobiernos estatales que, como el de Chihuahua, han optado por una estrategia de coordinación y acción directa, con todos los riesgos que ello implica.
Porque mientras la discusión nacional continúa, hay quienes siguen saliendo a las calles con un objetivo claro. Y algunos de ellos, como en Chihuahua, no regresan.
Y entonces la frase vuelve, inevitable: murieron en cumplimiento del deber. Pero también queda otra pregunta en el aire: ¿el Estado mexicano, en todos sus niveles, está cumpliendo con el suyo?
