Donald Trump firmó el martes su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un giro de 180 grados que redefine el combate al narcotráfico como una “guerra contra el terrorismo hemisférico” y que deja a México en una posición incómoda: cooperar bajo presión o enfrentar sanciones y posibles acciones unilaterales.
El documento, presentado por el asesor de seguridad Sebastian Gorka, prioriza “neutralizar” a los cárteles hasta que sean incapaces de introducir drogas, miembros o víctimas de trata a EE.UU.. Para lograrlo, Trump ya activó dos vías: la designación de cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras desde febrero y una directiva secreta que autoriza al Pentágono a usar fuerza militar contra ellos.
Por primera vez, la Casa Blanca cataloga al fentanilo y sus precursores químicos como armas de destrucción masiva. Ese lenguaje abre la puerta a una respuesta multidimensional que incluye operaciones políticas, criminales y militares fuera del territorio estadounidense.
La estrategia ya se traduce en acciones concretas: decenas de embarcaciones destruidas en el Caribe, recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro bajo acusaciones de liderar el Cártel de los Soles, y mayor vigilancia aérea de la CIA sobre zonas controladas por cárteles en México.
El texto menciona a México más de 30 veces y condiciona toda cooperación a “resultados tangibles”. EE.UU. exige detenciones, extradiciones y desmantelamiento de narcolaboratorios, con métricas específicas para evaluar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Si no hay avances, el documento deja abierta la puerta a sanciones políticas, económicas e incluso a justificar intervenciones unilaterales.
La presión llega en un momento delicado. La justicia estadounidense acusó esta semana al gobernador de Sinaloa, un senador y otros ocho políticos de complicidad con el narcotráfico, lo que Washington interpreta como señal de que el problema está “arraigado en niveles profundos del Estado mexicano”.
Analistas advierten que la cooperación antinarcóticos con Sheinbaum ha sido mejor que con AMLO en sus primeros ocho meses. Sin embargo, la retórica de Trump y el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur minan esa confianza. “Los políticos mexicanos coinciden en que la acción unilateral estadounidense no será tolerada”.
El peligro va más allá de lo diplomático. Expertos legales señalan que la designación terrorista difumina la línea entre criminalidad y terrorismo, y podría afectar a migrantes forzados a pagar extorsiones a cárteles, al considerarlos “apoyo a una organización terrorista”.
Mientras EE.UU. presiona a México por el fentanilo, el tráfico de armas en sentido contrario se ha vuelto más rentable. La ATF reportó más de 4,300 armas y 648,000 cartuchos decomisados desde enero de 2025. La nueva estrategia no contempla medidas reales para frenar ese flujo, un vacío que debilita el discurso de corresponsabilidad.
La paradoja: Trump busca desmantelar cárteles con lógica de guerra, pero sin asumir el papel de EE.UU. como principal mercado de consumo y proveedor de armas. Para México, la opción es colaborar bajo términos impuestos o arriesgarse a que la “ofensiva antinarco” se convierta en una excusa para intervenir en su soberanía.
