La presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono del conflicto político entre Morena y el gobierno de Chihuahua al defender públicamente la marcha realizada contra la gobernadora Maru Campos y exigir a todos los mandatarios estatales garantizar la libertad de manifestación y expresión.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que el tema central no es la afinidad política con las protestas, sino el respeto a los derechos constitucionales de quienes participan en ellas. “El asunto es la libertad de manifestación”, sostuvo Sheinbaum al ser cuestionada sobre las denuncias de Morena respecto a presuntos intentos de obstaculizar la movilización realizada el pasado fin de semana en la capital del estado.
La declaración presidencial se produjo luego de que dirigentes morenistas acusaran al gobierno estatal de colocar propaganda, realizar cierres y utilizar recursos públicos para desalentar la asistencia a la marcha convocada para exigir juicio político contra Maru Campos por el caso de los presuntos agentes estadounidenses que participaron en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara.
Sheinbaum señaló que corresponde a las autoridades competentes investigar si existió uso indebido de recursos públicos, aunque insistió en que ningún gobierno debe limitar protestas o expresiones políticas. La presidenta hizo además un llamado general a gobernadores y gobernadoras del país para respetar la libertad de reunión y evitar acciones que puedan interpretarse como represión política.
La movilización organizada por Morena reunió a militantes y dirigentes nacionales que marcharon desde la glorieta de Pancho Villa hasta Palacio de Gobierno bajo el discurso de “defensa de la soberanía nacional”. Durante el evento, legisladores y operadores políticos del partido guinda acusaron a la administración estatal de permitir la operación de agencias extranjeras en territorio mexicano y anunciaron el inicio de una campaña para promover el juicio político contra la gobernadora.
Sin embargo, el tamaño de la marcha provocó también una disputa política. Mientras Morena sostuvo que existieron actos de sabotaje y bloqueos para reducir la participación, sectores de oposición y dirigentes panistas aseguraron que la movilización no logró la convocatoria esperada. Incluso circularon versiones sobre el traslado de simpatizantes desde otros estados del país, lo que alimentó el debate público sobre el uso de estructuras partidistas para movilizaciones políticas.
Desde Chihuahua, Maru Campos respondió minimizando el impacto político de la protesta y aseguró que “Chihuahua es tierra de ciudadanos libres”, afirmando que la población del estado toma decisiones de manera autónoma y no mediante presiones partidistas. La gobernadora también negó haber intentado impedir la movilización y sostuvo que las acusaciones forman parte de una estrategia política impulsada desde Morena.
El enfrentamiento ocurre en medio de una creciente tensión nacional derivada de la investigación sobre la presunta presencia de agentes de inteligencia estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua. El caso abrió una confrontación directa entre Morena y el gobierno estatal, con exigencias de juicio político, investigaciones federales y acusaciones cruzadas sobre soberanía y seguridad nacional.
Analistas consideran que Chihuahua se ha convertido en uno de los principales escenarios de confrontación entre el oficialismo federal y la oposición panista rumbo al proceso electoral de 2027, en un contexto donde Morena busca capitalizar políticamente el discurso de defensa de la soberanía, mientras el PAN intenta cerrar filas en torno a Maru Campos frente a las acusaciones impulsadas desde Palacio Nacional.
