La OFAC sancionó a Carlos Torres, a su hermano y a empresas relacionadas con ellos; lo acusa de utilizar influencia política para favorecer a una facción del Cártel de Sinaloa. México respondió con el bloqueo preventivo de cuentas de los señalados.
Ciudad de México.— El caso que durante meses rodeó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio un nuevo giro esta semana luego de que Estados Unidos lo incorporara formalmente a una lista de sancionados por presuntos vínculos con una estructura del Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el 29 de septiembre sanciones contra 21 personas y 25 empresas relacionadas, según la dependencia estadounidense, con la organización encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”. La operación tiene particular relevancia para Baja California porque Washington identifica a Carlos Torres como uno de los operadores políticos que habría permitido el funcionamiento de una célula criminal en la entidad.
De acuerdo con el Tesoro, Torres habría mantenido una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado por Estados Unidos como dirigente de “Los Rusos”, una subfacción de Los Mayos con presencia en Mexicali.
La acusación estadounidense sostiene que Torres utilizó su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y proteger a la organización de acciones de las autoridades estatales y municipales. El documento también señala que habría recibido pagos mensuales relacionados con ese esquema. Estas son acusaciones de la OFAC, no una sentencia judicial.
La investigación no comenzó esta semana
El anuncio de Washington representa la formalización de señalamientos que ya habían aparecido en México.
En enero de 2026, N+ reportó que la Fiscalía General de la República investigaba una presunta red relacionada con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero en la que aparecía Torres. Una denuncia presentada ante la FGR en junio de 2025 señalaba, entre otros hechos, supuestos pagos de 150 mil dólares mensuales vinculados con la operación de “Los Rusos” en Baja California.
Torres ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que los señalamientos tienen como origen denuncias anónimas. Tras las sanciones estadounidenses afirmó que no tiene relación alguna con grupos o actividades criminales y anunció que buscará aclarar su situación ante las autoridades correspondientes.
La visa estadounidense, un antecedente que cobra nuevo significado
Uno de los elementos que adquiere especial relevancia después del anuncio de la OFAC es la cancelación de la visa estadounidense de Torres en mayo de 2025.
El Departamento del Tesoro señala ahora que el Departamento de Estado tomó aquella decisión debido a la presunta afiliación de Torres con el Cártel de Sinaloa y su supuesto trabajo en favor de esa organización.
En aquel momento, la situación provocó una fuerte controversia política en Baja California. Torres se separó posteriormente de sus funciones como coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno estatal.
La nueva información estadounidense coloca ese episodio como un antecedente dentro de una investigación de mayor alcance.
Una empresa que conecta la historia política y empresarial
Otro de los puntos centrales es Vida Orgánica Tijuana, empresa que también fue incluida por la OFAC entre las entidades sancionadas.
La compañía, que opera comercialmente como Vive Orgánico, fue constituida en 2020 con participación de Marina del Pilar Ávila, quien entonces era alcaldesa de Mexicali; de Carlos Torres; de Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos; y de otros socios.
La gobernadora sostiene que cedió su participación en abril de 2023 y que desde entonces dejó de tener relación con la empresa.
Sin embargo, documentos registrales revisados por medios mexicanos muestran que la actualización mediante la cual Marina del Pilar dejó de aparecer como socia fue inscrita formalmente en septiembre de 2026, 19 días antes de las sanciones estadounidenses. El Gobierno de Baja California sostiene que se trató de una rectificación registral y que la cesión había surtido efectos desde abril de 2023.
Después de la sanción, Carlos Torres reconoció que actualmente posee 30% de Vida Orgánica Tijuana y señaló que se trata de la única empresa incluida por OFAC en la que mantiene participación accionaria. También afirmó que el negocio registra ventas mensuales promedio de aproximadamente 570 mil pesos.
México también bloquea las cuentas
El anuncio estadounidense tuvo una consecuencia inmediata en México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas físicas y morales relacionadas con la acción anunciada por Estados Unidos. La medida incluye a Carlos Torres y a otros señalados en la investigación.
La propia Secretaría de Hacienda ha establecido que este tipo de incorporación tiene carácter preventivo y administrativo y no constituye por sí misma una determinación judicial de responsabilidad penal. Las personas afectadas cuentan además con mecanismos para ejercer su derecho de audiencia.
El gobierno de Baja California se deslinda
Ante el nuevo escenario, el Gobierno de Baja California emitió un posicionamiento para marcar distancia entre la gobernadora y las personas sancionadas.
La administración estatal destacó que Marina del Pilar está legalmente divorciada de Carlos Torres, que ella no aparece en la lista de sancionados de OFAC y que no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero.
Además, informó que la gobernadora ordenó revisar si alguna de las empresas sancionadas había celebrado contratos con el Gobierno del Estado y, en caso de existir, remitir la documentación a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Un caso que escala de lo personal a lo institucional
El expediente deja ahora varios frentes abiertos.
Por un lado están las acusaciones de Estados Unidos contra Carlos Torres y otros personajes de Baja California. Por otro, permanece la investigación que previamente había sido reportada en México. A ello se suma el bloqueo financiero ordenado por la UIF y las preguntas sobre las relaciones empresariales que existieron entre algunos de los involucrados.
La gobernadora no fue incluida en las sanciones estadounidenses, y el Gobierno de Baja California ha rechazado cualquier vínculo de ella con las actividades atribuidas a su exesposo. Torres, por su parte, niega las acusaciones y afirma que buscará defenderse ante las autoridades.
Lo que sí cambió sustancialmente esta semana es el alcance oficial del caso: lo que durante meses fueron señalamientos e investigaciones pasó a formar parte de una acción formal del Departamento del Tesoro estadounidense y de una respuesta financiera de las autoridades mexicanas.
El siguiente capítulo dependerá de si las autoridades mexicanas presentan resultados de sus investigaciones y, especialmente, de si las acusaciones estadounidenses son respaldadas por procedimientos judiciales y pruebas que permitan determinar responsabilidades individuales.
