La gobernadora anunció que buscará una nueva vía legal para impedir que recursos, amenazas o presión del crimen organizado puedan influir en las elecciones de 2027
Chihuahua.- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma electoral de Chihuahua provocó una nueva confrontación política entre el Gobierno del Estado y Morena, a unas horas del inicio formal del proceso electoral de 2027.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván acusó a Morena de haber llevado ante la Corte las disposiciones con las que Chihuahua buscaba endurecer las consecuencias electorales frente a la intervención del crimen organizado.
El señalamiento surgió después de que el Pleno de la Suprema Corte resolviera las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026, promovidas por legisladores, Morena y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
La reforma había generado especial atención porque contemplaba sanciones electorales relacionadas con actos como violencia, intimidación, amenazas, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida vinculados con la delincuencia organizada.
Sin embargo, por mayoría de votos, la Corte invalidó las disposiciones que establecían la pérdida del registro o la cancelación de candidaturas en esos supuestos.
El argumento central fue que las normas no permitían individualizar adecuadamente la sanción y podían generar responsabilidad sin acreditar una conducta personal de la candidatura sancionada. El Pleno consideró que el beneficio obtenido por una persona como consecuencia de actos realizados por terceros, por sí solo, no podía generar responsabilidad administrativa.
La ministra Yasmín Esquivel votó en contra de esa determinación. En su posición, sostuvo que los actos de violencia, intimidación, amenazas y manipulación del electorado pueden afectar directamente la libertad del voto y la autenticidad de las elecciones.
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Tras conocer el fallo, Maru Campos sostuvo que la decisión eliminó uno de los mecanismos que, desde su perspectiva, representaba un muro frente a la intervención del crimen organizado en las elecciones.
La gobernadora recordó que el Congreso estatal había aprobado disposiciones para que una elección pudiera ser anulada cuando existiera intervención criminal y para establecer consecuencias para quien resultara beneficiado.
Campos acusó directamente a Morena de haber votado contra el blindaje electoral y posteriormente haber promovido una impugnación ante la Suprema Corte.
“Morena votó en contra de blindar las elecciones contra el narco y después litigó para tumbar el blindaje”, afirmó la mandataria.
La gobernadora también advirtió sobre un escenario en el que grupos criminales pudieran aportar dinero, ejercer amenazas o intervenir en una contienda y favorecer a determinada candidatura.
“Si nos cerraron un camino, abriremos otro”, señaló Campos, al anunciar que su administración buscará, junto con el Congreso estatal, una alternativa jurídica para mantener mecanismos de protección electoral.
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La acusación de la gobernadora no significa que Morena haya reconocido como objetivo de su acción de inconstitucionalidad permitir la intervención del crimen organizado.
El coordinador de los diputados de Morena en Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, ha sostenido que el recurso presentado ante la Corte cuestionaba diversos aspectos de la reforma electoral y que entre los temas impugnados se encontraban disposiciones relacionadas con representación política, regidurías y otros derechos político-electorales.
En los registros de la Corte aparece que Morena presentó la acción de inconstitucionalidad 99/2026, posteriormente acumulada con otros tres asuntos para su resolución conjunta.
La Corte no eliminó toda posibilidad de anular una elección
Uno de los puntos que ha generado mayor debate después del fallo es el alcance real de la resolución.
La sentencia no establece que una elección afectada por delincuencia organizada sea necesariamente válida. De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, permanece la posibilidad de invalidar un proceso electoral cuando se acrediten actos de delincuencia permanente o sistemática que hayan influido de manera grave, dolosa y determinante en el resultado.
Lo que quedó invalidado fueron las disposiciones que permitían aplicar determinadas sanciones de manera automática a candidaturas o personas por conductas realizadas por terceros.
Además, la Corte determinó que Chihuahua debía armonizar su legislación con la Constitución federal en materia de injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.
También fueron invalidadas otras disposiciones de la reforma, entre ellas un modelo de acción afirmativa que agrupaba en una misma cuota a personas con discapacidad y de la diversidad sexual, así como normas que limitaban determinadas facultades interpretativas de las autoridades electorales.
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El fallo llega justo cuando Chihuahua se encuentra a las puertas del proceso electoral que comenzará formalmente este 1 de octubre.
Para el Gobierno estatal, el desafío será encontrar una nueva fórmula legislativa que permita combatir la eventual intervención del crimen organizado sin establecer responsabilidades automáticas que puedan ser consideradas contrarias a los principios constitucionales de proporcionalidad y responsabilidad personal.
Para Morena, el debate se mantiene en el terreno jurídico y político sobre los alcances de la reforma aprobada por el Congreso estatal.
Lo que queda sobre la mesa es una discusión que trasciende a los partidos: cómo impedir que dinero ilícito, amenazas, violencia o presión criminal puedan alterar una elección y, al mismo tiempo, garantizar que las sanciones recaigan únicamente sobre quienes puedan ser jurídicamente responsabilizados por esas conductas.
En Chihuahua, esa discusión apenas comienza y tendrá como escenario inmediato el proceso electoral de 2027.
