La confrontación política entre el Gobierno de Chihuahua y Morena escaló nuevamente luego de que el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, exigiera públicamente que los políticos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado “den la cara” y respondan ante las investigaciones abiertas en Estados Unidos.
Las declaraciones del funcionario estatal se producen en medio de una creciente tensión nacional derivada de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra actores políticos ligados a Morena, particularmente en Sinaloa, donde el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ha generado una fuerte crisis política.
Durante una entrevista con medios locales, De la Peña acusó a Morena de intentar desviar la atención mediante movilizaciones y discursos contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mientras varios personajes señalados por cortes estadounidenses permanecen ausentes del escenario público.
“Los únicos que han aparecido son los que se fueron a entregar a Estados Unidos”, expresó el funcionario, quien además aseguró que algunos de los implicados habrían optado por enfrentar directamente los procesos judiciales abiertos en el vecino país.
El secretario general también contrastó la postura pública asumida por la mandataria estatal frente a las acusaciones políticas recientes, destacando que Campos ha acudido a entrevistas nacionales y ha enfrentado cuestionamientos públicos, mientras , afirmó, otros actores señalados “simplemente desaparecieron”.
La polémica ocurre después de semanas marcadas por protestas de Morena en Chihuahua, solicitudes de juicio político contra la gobernadora y señalamientos relacionados con el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, caso que detonó un debate nacional sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
En medio de este contexto, De la Peña lanzó una de las frases que más repercusión generó en redes sociales y círculos políticos locales: “eran nueve y ya nomás nos quedan siete”, en referencia a los funcionarios y actores políticos mencionados en investigaciones estadounidenses.
A nivel nacional, la presión sobre Morena también ha comenzado a reflejarse dentro del propio partido. De acuerdo con reportes internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum habría solicitado en reuniones privadas que cualquier funcionario involucrado en casos de corrupción o nexos criminales se separe de sus cargos mientras se desarrollan las investigaciones.
Mientras tanto, el caso de Rubén Rocha Moya continúa provocando repercusiones políticas y mediáticas. Reportes recientes señalan que el mandatario sinaloense permanece fuera del ojo público desde inicios de mayo tras ser acusado por fiscales estadounidenses de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, situación que Morena y el propio Rocha han rechazado públicamente.
En Chihuahua, el intercambio de acusaciones entre Morena y el Gobierno estatal parece lejos de disminuir. Mientras la oposición insiste en responsabilizar a la administración estatal por los hechos recientes relacionados con la seguridad y la cooperación internacional, el PAN ha respondido endureciendo el discurso y acusando a Morena de intentar convertir el tema en una estrategia política rumbo al proceso electoral de 2027.
