El secretario general de Gobierno afirmó que la justicia debe mantenerse al margen de intereses coyunturales y responder con eficacia a las necesidades de la ciudadanía
La fortaleza de las instituciones y la independencia del Poder Judicial son indispensables para garantizar certeza jurídica y preservar el Estado de Derecho en Chihuahua, afirmó el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña.
El funcionario acudió, en representación de la gobernadora Maru Campos, al primer informe de actividades de Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), donde reconoció el trabajo realizado por magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal que integra el Poder Judicial.
Durante su intervención, De la Peña subrayó que la división de poderes constituye uno de los principios fundamentales de una República democrática y destacó la importancia de contar con instituciones profesionales, autónomas y capaces de actuar con independencia.
Señaló que el funcionamiento del Poder Judicial tiene efectos directos en la vida de los ciudadanos, desde la protección del patrimonio de las familias hasta la generación de condiciones de confianza para la inversión y el desarrollo económico del estado.
El secretario general de Gobierno reconoció que el primer año bajo la nueva estructura del Poder Judicial ha representado una etapa de aprendizaje y desafíos, pero destacó la disposición y profesionalismo de quienes participan en esta institución.
En ese sentido, sostuvo que cualquier transformación al sistema de justicia debe evaluarse por sus resultados y por su capacidad para ofrecer una justicia independiente, eficaz y cercana a la sociedad.
También hizo un llamado a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia a mantener como principios fundamentales la verdad, la imparcialidad, la justicia y la honorabilidad.
De la Peña planteó que Chihuahua tiene la posibilidad de convertirse en un referente nacional en materia de fortalecimiento institucional y defensa del Estado de Derecho, siempre que exista coordinación y respeto entre los distintos poderes.
Finalmente, refrendó la disposición del Gobierno del Estado para mantener una relación de colaboración institucional con el Poder Judicial, respetando las atribuciones y autonomía de cada poder.
“Quienes ocupamos los cargos vamos y venimos. Pero las instituciones permanecen”, expresó el funcionario, al destacar que la responsabilidad de quienes ejercen un cargo público trasciende el periodo para el que fueron designados y debe orientarse a construir instituciones sólidas para las próximas generaciones.
