Hay derrotas que se aceptan y derrotas que simplemente no caben en el discurso político. Lo ocurrido en Colombia esta semana dejó una imagen que difícilmente pasará desapercibida para quienes observan la política latinoamericana.
Mientras el candidato de izquierda Iván Cepeda terminó por reconocer oficialmente el triunfo de Abelardo de la Espriella, afirmando que lo hacía “como un acto de responsabilidad democrática” y llamando a preservar la convivencia institucional, desde México fue Morena quien decidió desconocer el resultado y exigir un recuento “voto por voto”.
Paradójicamente, el principal protagonista de la elección mostró mayor disposición a aceptar el desenlace que un partido político extranjero.
No deja de llamar la atención que Morena, cuya responsabilidad política se encuentra en gobernar México, dedique esfuerzos a intervenir en el debate político interno de otro país, cuestionando un proceso que corresponde exclusivamente a las autoridades electorales colombianas y a los actores políticos de esa nación.
El mensaje que transmite resulta complejo: cuando el resultado favorece a fuerzas políticas afines ideológicamente, la democracia funciona; cuando la ciudadanía opta por una alternativa distinta, aparecen inmediatamente las acusaciones de injerencia, guerra sucia, poderes fácticos y llamados a revisar las urnas.
Es una narrativa conocida.
En México, Morena construyó buena parte de su identidad política alrededor del discurso del fraude electoral de 2006. Hoy, veinte años después, vuelve a recurrir prácticamente al mismo argumento, ahora aplicado a una elección extranjera. No porque existan resoluciones de las autoridades colombianas que invaliden el proceso, sino porque el vencedor pertenece a un proyecto político contrario a su visión ideológica.
Lo más significativo es el contraste.
Iván Cepeda mantuvo sus críticas sobre el proceso, denunció presuntas irregularidades e incluso habló de supuesta injerencia extranjera; sin embargo, terminó reconociendo al presidente electo y aceptando que la institucionalidad debía prevalecer. Esa decisión envió un mensaje de estabilidad democrática para Colombia.
Morena hizo exactamente lo contrario.
Desde México decidió elevar el tono, exigir un recuento total y descalificar el resultado cuando incluso el propio candidato al que respaldaba ya había reconocido la derrota.
La escena deja una pregunta inevitable.
¿Quién respetó más la voluntad popular: el candidato derrotado o el partido político extranjero que pretendió seguir disputando una elección ajena?
La política exterior mexicana históricamente se ha sostenido sobre principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de no intervención. Ese ha sido uno de los pilares diplomáticos más reconocidos del país. Sin embargo, el pronunciamiento de Morena rompe con esa tradición al asumir una postura activa sobre un proceso electoral interno de otra nación.
La democracia exige congruencia.
Si se defiende el derecho de los pueblos a decidir libremente cuando los resultados favorecen a la izquierda, ese mismo principio debería sostenerse cuando los ciudadanos optan por una opción distinta.
De otra manera, el mensaje termina siendo peligroso: la voluntad popular sólo merece respeto cuando coincide con la propia ideología.
Y esa no es una defensa de la democracia.
Es simplemente una defensa del poder, el modus operandi de Morena.
