La manifestación encabezada por simpatizantes de Morena este lunes frente al Palacio de Gobierno no solo evidenció el malestar por la presunta presencia de agentes extranjeros en operativos de seguridad, sino que también reavivó el debate sobre el uso político del discurso de la soberanía en el país.
El contingente, integrado por militantes y simpatizantes del partido guinda, se concentró en el centro de la ciudad para exigir la salida de agencias estadounidenses y lanzar consignas contra la gobernadora Maru Campos, a quien acusaron de permitir injerencia extranjera en territorio estatal.
Aunque los manifestantes argumentaron defender la soberanía nacional, el contexto político sugiere un trasfondo más complejo. La narrativa impulsada por sectores de Morena ha sido recurrente en momentos de confrontación con gobiernos estatales de oposición, utilizando el tema como una herramienta de presión política.
Especialistas han señalado que la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos no es nueva, y que históricamente ha existido bajo distintos mecanismos institucionales. Sin embargo, la actual polémica ha sido amplificada en el discurso partidista, particularmente por actores vinculados a Morena.
Durante la movilización, aunque algunos participantes intentaron presentar el movimiento como ciudadano, la presencia de consignas, símbolos y posicionamientos alineados con Morena evidenció su carácter político.
Frases como “traición a la patria” y “juicio a la gobernadora” marcaron el tono de la protesta, que se centró más en el señalamiento directo a la administración estatal que en la exigencia de claridad institucional al gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum.
Uno de los principales cuestionamientos que surgen de esta movilización es la ausencia de críticas hacia el ámbito federal, responsable de la política exterior y de los acuerdos internacionales en materia de seguridad.
Analistas advierten que esta omisión refleja una estrategia política selectiva, en la que se responsabiliza únicamente a gobiernos estatales opositores, evitando cuestionar decisiones que también involucran a autoridades federales afines a Morena.
Si bien el derecho a la manifestación es legítimo, el caso de Chihuahua pone sobre la mesa el riesgo de que temas sensibles como la soberanía nacional sean utilizados como instrumento de confrontación partidista.
La protesta se desarrolló de forma pacífica, pero dejó claro que el clima político en el estado continúa polarizándose, en un contexto donde cada acción pública es rápidamente absorbida por la lógica electoral.
