La mayoría de los chihuahuenses avala el operativo realizado en la Sierra Tarahumara para desmantelar un presunto narcolaboratorio en el municipio de Morelos, de acuerdo con una encuesta de Massive Caller, en medio de una creciente controversia política y diplomática por la supuesta participación de agentes estadounidenses en las acciones.
El estudio señala que el 74.3 por ciento de los encuestados considera que el operativo sí merece reconocimiento por parte de las autoridades estatales, mientras que el 25.7 por ciento manifestó estar en desacuerdo.
La encuesta surge en medio del escándalo nacional provocado tras revelarse que presuntos agentes de la CIA habrían colaborado con elementos de la Agencia Estatal de Investigación en el aseguramiento de un mega laboratorio clandestino ubicado en la Sierra del Pinal, en el sur de Chihuahua.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, en el sitio fueron asegurados más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas, más de 50 toneladas de precursores sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina, además de reactores, centrifugadoras y equipo especializado para fabricar drogas sintéticas.
El caso escaló a nivel nacional luego de que se conociera que dos agentes estadounidenses murieron junto con funcionarios estatales en un accidente carretero tras participar en el operativo. A partir de ello, la FGR abrió dos carpetas de investigación: una por el narcolaboratorio y otra por la posible violación a la seguridad nacional debido a la intervención de agentes extranjeros sin autorización federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el Gobierno Federal no tenía conocimiento previo de la operación, lo que detonó cuestionamientos desde Morena y tensiones entre autoridades federales y el Gobierno de Chihuahua.
En paralelo, alrededor de 50 funcionarios y agentes estatales han sido llamados a declarar ante la FGR como parte de las investigaciones. Algunos de ellos ya comparecieron en Ciudad Juárez para esclarecer la presunta participación de personal extranjero en labores reservadas exclusivamente a autoridades mexicanas.
La gobernadora Maru Campos defendió las acciones emprendidas en la Sierra y acusó un trato desigual por parte de la Federación. La mandataria afirmó que su administración responderá a todos los requerimientos legales, pero cuestionó que se critique el combate al narcotráfico mientras otros casos vinculados al crimen organizado reciben menor presión política.
Mientras tanto, el tema ha polarizado la discusión pública. En redes sociales y foros digitales abundan mensajes de ciudadanos que consideran que el operativo representó un golpe importante contra el crimen organizado y cuestionan que las investigaciones se enfoquen ahora en las autoridades que participaron en el aseguramiento del laboratorio.
Analistas consideran que el caso podría convertirse en uno de los episodios más delicados en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad durante los últimos años, especialmente ante el endurecimiento del discurso estadounidense contra los cárteles y la presión internacional para frenar la producción de drogas sintéticas en territorio mexicano.
