Las declaraciones de un presunto integrante del Cártel de Sinaloa, difundidas por la cadena alemana Deutsche Welle (DW), volvieron a colocar en el centro de la discusión la supuesta influencia del crimen organizado en el proceso electoral que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021.
De acuerdo con el testimonio, el hombre, cuya identidad permanece bajo resguardo, aseguró que la organización criminal recibió instrucciones para intimidar a la población, amenazar a operadores políticos y sustraer urnas con el objetivo de favorecer la candidatura del entonces abanderado de Morena. El entrevistado afirmó que, sin la intervención del grupo delictivo, el resultado electoral habría sido diferente.
El reportaje también recupera el testimonio de la diputada priista Paola Iveth Gárate Valenzuela, quien sostuvo que fue privada de la libertad durante el proceso electoral junto con otros militantes y simpatizantes de la oposición. Según su relato, alrededor de un centenar de personas habrían sido retenidas o presionadas para respaldar al partido gobernante.
Las revelaciones se producen en un contexto particularmente complejo para el exmandatario sinaloense. En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios estatales por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y colaboración con el Cártel de Sinaloa. Washington sostiene que existió una red de protección institucional a cambio de sobornos y respaldo político.
La administración de Rocha Moya rechazó desde un principio esas imputaciones y aseguró que no existían pruebas suficientes para respaldarlas. Posteriormente, la Fiscalía General de la República informó que solicitaría a las autoridades estadounidenses la información necesaria para analizar el caso conforme a la legislación mexicana.
A los señalamientos recientes se suman investigaciones periodísticas y versiones difundidas desde 2024 sobre presuntos vínculos entre personajes cercanos al gobierno de Sinaloa y las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza. Algunas de esas investigaciones apuntan a la posible participación de operadores del crimen organizado en el financiamiento de campañas políticas en la entidad.
Hasta el momento, las declaraciones difundidas por DW no han derivado en nuevas órdenes de aprehensión ni en procedimientos judiciales adicionales. Sin embargo, el caso ha vuelto a encender el debate sobre la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales y el alcance de la violencia política en México.
