El fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró este miércoles que habrá más acusaciones contra funcionarios mexicanos, en una entrevista televisiva que eleva la tensión entre ambos gobiernos.
“Sí, seguro. Ya hemos acusado a varios funcionarios del Gobierno mexicano”, declaró Blanche al ser cuestionado sobre si se preparan nuevos procesos judiciales. La advertencia llega una semana después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. imputara a 10 políticos mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con cárteles.
El 29 de abril de 2026, EE.UU. presentó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez. Las acusaciones incluyen vínculos con el narcotráfico y han generado un sismo político en Morena.
En Sinaloa, Rocha Moya anunció el viernes que dejaría temporalmente el cargo para defenderse. Inzunza, por su parte, respondió con un mensaje público: “México no aceptará injerencias”.
El escándalo también salpicó a la hija del senador, Aitana Inzunza, quien aparece en la nómina del Senado como asesora de la bancada morenista. Morena negó nepotismo, pero el caso ha alimentado el temor de que el expediente estadounidense alcance a más figuras del oficialismo.
Las declaraciones de Blanche coinciden con la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 firmada por Trump el 5 de mayo. El documento redefine el combate al narco como una “guerra contra el terrorismo hemisférico” y condiciona la cooperación con México a resultados medibles en detenciones, extradiciones y desmantelamiento de laboratorios.
Washington ya había designado al Cártel de Sinaloa y al CJNG como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025. Ahora, la administración Trump ha firmado una directiva secreta para usar fuerza militar contra esos grupos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido un discurso de defensa de la soberanía. Tras las acusaciones, rechazó la solicitud de EE.UU. de arrestar a Rocha Moya y a otros funcionarios, alegando falta de evidencias suficientes.
“Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero nunca nos vamos a subordinar, que es un asunto de dignidad”, dijo el viernes.
Analistas señalan que Sheinbaum enfrenta un dilema: usar las acusaciones para depurar la corrupción en Morena o cerrar filas como lo han hecho gobiernos anteriores.
El nerviosismo en Morena es evidente. En los pasillos legislativos, legisladores reconocen en privado el temor de que el caso llegue a más figuras del oficialismo. El escándalo amenaza con contaminar la narrativa de seguridad del gobierno federal de cara a las elecciones intermedias de 2027.
Blanche, exabogado personal de Trump y fiscal adjunto desde noviembre de 2025, no dio nombres ni fechas de las próximas acusaciones. Pero dejó claro que la ofensiva judicial continuará.
México ha pedido pruebas formales a EE.UU. y anunció que la FGR investigará los casos. Si no encuentra fundamento, el gobierno mexicano considerará las imputaciones como una intromisión en su soberanía.
