En la narrativa de la llamada Cuarta Transformación, pocas palabras han sido tan manoseadas como “soberanía”. Convertida en estandarte moral, en consigna política y en escudo discursivo, hoy sirve también como arma para descalificar a quienes, hartos de la violencia, se atreven a plantear lo impensable: que México necesita ayuda externa para enfrentar al crimen organizado.
Desde el oficialismo encabezado por Claudia Sheinbaum y amplificado por cuadros y simpatizantes de Morena, la respuesta ha sido tajante: quien celebre o promueva la intervención, o incluso una mayor participación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico es poco menos que un “traidor a la patria”.
El problema es que esa acusación no solo es excesiva, sino profundamente conveniente.
Porque mientras se acusa de traición a ciudadanos desesperados, se evita responder lo esencial: ¿por qué hay mexicanos que ya no confían en la capacidad de su propio gobierno para garantizar seguridad? ¿En qué momento el miedo cotidiano se volvió más fuerte que el orgullo nacional?
La izquierda gobernante ha construido un discurso donde la soberanía es incuestionable, pero los resultados son debatibles. Se presume independencia frente al extranjero, mientras vastas regiones del país viven bajo la ley del crimen organizado. Se condena cualquier insinuación de cooperación más firme con Estados Unidos, pero no se logra recuperar el control total del territorio.
Esa contradicción no es menor.
La soberanía no puede ser un pretexto para la ineficacia. No puede convertirse en refugio ideológico cuando la estrategia de seguridad no da resultados claros. Y, sobre todo, no puede utilizarse para dividir a la sociedad entre “buenos mexicanos” y “traidores” simplemente por pensar distinto.
Históricamente, México ha tenido razones legítimas para desconfiar de su vecino del norte. Nadie sensato propone una intervención sin límites ni condiciones. Pero equiparar cualquier forma de cooperación o respaldo internacional con una traición es una postura que raya en lo dogmático.
Más aún cuando esa misma cooperación ha existido, y sigue existiendo, en distintos niveles.
Lo que realmente incomoda al discurso oficial no es la posible intervención extranjera, sino el mensaje implícito: que el Estado mexicano, bajo el gobierno de la izquierda, no está siendo suficiente para contener la violencia. Y eso, políticamente, es inaceptable.
Por eso se recurre al lenguaje más duro. Porque llamar “traidor” a alguien no abre debate, lo cancela. Lo desacredita de origen. Lo convierte en enemigo.
Pero la realidad no se resuelve con etiquetas.
Hoy, miles de familias viven entre el miedo, la extorsión y la impunidad. Para ellas, la discusión sobre soberanía no es ideológica, es práctica. No se preguntan quién tiene la razón en el discurso político; se preguntan quién puede devolverles la tranquilidad.
Y cuando el Estado no ofrece respuestas contundentes, es inevitable que surjan voces que miren hacia afuera.
Descalificarlas no resuelve el problema. Solo lo oculta.
La izquierda en el poder haría bien en recordar que la soberanía no se grita, se ejerce. Y se ejerce garantizando seguridad, justicia y control territorial. Todo lo demás, discursos, etiquetas, acusaciones, es, en el mejor de los casos, propaganda.
Y en el peor, una forma de evadir una realidad que ya nadie puede ignorar.
