Chihuahua, Chih.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván respondió con firmeza a los señalamientos de legisladores de Morena sobre la situación de desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo, al sostener que la crisis que enfrenta esa región de la Sierra Tarahumara también es consecuencia de la falta de atención del Gobierno Federal en áreas estratégicas como el suministro de energía, las telecomunicaciones y el abasto de alimentos.
La mandataria estatal aseguró que, además de la presencia de grupos del crimen organizado, el problema se agravó cuando fueron destruidas líneas eléctricas y de comunicación, lo que dejó incomunicadas a varias comunidades e impidió el ingreso de víveres y apoyos básicos para la población. En ese contexto, recordó que la operación de la red eléctrica, las telecomunicaciones y programas de distribución alimentaria corresponden al ámbito federal, por lo que pidió que la Federación también asuma la responsabilidad que le compete.
Las declaraciones surgieron luego de que desde el Senado se intensificaran las críticas hacia el Gobierno de Chihuahua por la atención brindada a las familias desplazadas, un tema que ha generado un fuerte debate político entre Morena y el PAN.
Campos sostuvo que el fenómeno del desplazamiento forzado no puede analizarse únicamente desde una perspectiva política, pues detrás existen familias que han abandonado sus hogares por la violencia generada por organizaciones criminales.
Indicó que la administración estatal ha desplegado operativos de seguridad, atención humanitaria y acompañamiento institucional para las personas afectadas, además de mantener presencia permanente de corporaciones estatales en la zona serrana con el objetivo de restablecer las condiciones que permitan el regreso de las familias cuando existan garantías.
Durante los últimos años, Chihuahua ha impulsado una estrategia específica para atender este fenómeno, incluyendo la creación de una Comisión Estatal de Desplazamiento Forzado Interno, considerada una de las primeras instancias especializadas del país para atender este tipo de casos.
Respecto a los llamados realizados desde el Senado de la República, la gobernadora reiteró que dicho órgano no cuenta con facultades para obligar a comparecer a un gobernador en funciones, por lo que cualquier asistencia sería producto de una decisión voluntaria y no de una obligación constitucional.
Sus declaraciones también se interpretan como una respuesta al ambiente de confrontación política que ha prevalecido entre el Gobierno de Chihuahua y legisladores de Morena durante los últimos meses, especialmente tras diversos diferendos relacionados con la estrategia de seguridad en la entidad.
La situación en Guadalupe y Calvo ha vuelto a colocar sobre la mesa la complejidad de la violencia que enfrenta la Sierra Tarahumara, una región donde históricamente han operado grupos delictivos vinculados al trasiego de drogas y al control territorial.
Especialistas en seguridad han señalado que el desplazamiento forzado es uno de los efectos más graves de la disputa entre organizaciones criminales, ya que obliga a comunidades enteras a abandonar sus viviendas, actividades productivas y patrimonio, generando además una importante carga social y económica para los gobiernos estatal y municipal.
En ese contexto, el intercambio de acusaciones entre Morena y el Gobierno del Estado refleja un debate de fondo sobre la distribución de responsabilidades en materia de seguridad. Mientras la administración estatal sostiene que la Federación debe fortalecer su presencia y garantizar servicios estratégicos en la región, desde Morena se insiste en exigir mayores resultados al gobierno local.
Por ahora, la prioridad continúa siendo la atención a las familias desplazadas y el restablecimiento de las condiciones de seguridad en una de las zonas más complejas del estado, donde la coordinación entre los tres órdenes de gobierno será determinante para evitar que la crisis humanitaria se profundice.
