Lo ocurrido esta semana frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua no fue, como intentaron venderlo, un acto genuino de defensa nacional. Fue otra pieza más en el manual político de Morena: tomar un tema sensible, inflarlo mediáticamente y dirigir la indignación hacia un adversario local, aunque el fondo del asunto sea mucho más complejo.
El blanco fue la gobernadora Maru Campos, a quien acusaron sin matices de “traición a la patria” por la supuesta presencia de agentes estadounidenses en operativos de seguridad. La consigna es potente, emocional, efectiva para movilizar… pero profundamente simplista. Porque si de verdad se quiere hablar de soberanía, la conversación no puede ser selectiva.
La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad no nació ayer ni con este gobierno estatal. Es una práctica de décadas, institucionalizada bajo distintos acuerdos, administraciones y colores partidistas. Ha existido con gobiernos del PRI, del PAN y, por supuesto, también bajo el propio Morena. Pretender que se trata de un hecho aislado o de una decisión unilateral de un gobierno estatal es, en el mejor de los casos, ignorancia; en el peor, una manipulación deliberada.
Aquí es donde la protesta se desmorona. Porque mientras los manifestantes gritaban “soberanía” y exigían castigos locales, evitaron cuidadosamente voltear hacia el nivel donde realmente se toman las decisiones: el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum. La política exterior, los acuerdos internacionales y cualquier tipo de colaboración con agencias extranjeras pasan, por definición, por la Federación. No por un gobierno estatal.
Entonces, ¿por qué la indignación no apunta hacia arriba? La respuesta es incómoda pero evidente: porque no conviene. Morena no está interesado en abrir un frente interno que lo obligue a explicar o matizar su propia relación con Estados Unidos. Es más rentable políticamente convertir a un gobierno opositor en villano y capitalizar el descontento bajo una narrativa de “defensa nacional”.
Lo preocupante no es solo la protesta en sí, sino el patrón que revela. Morena ha perfeccionado el uso de conceptos profundamente serios, soberanía, patria, intervención extranjera, como herramientas de movilización política. Los vacía de contexto, los simplifica y los convierte en consignas. Y en ese proceso, lo que debería ser un debate técnico, diplomático y de seguridad nacional termina reducido a gritos en la plaza.
Hay, además, un elemento de simulación que no puede ignorarse. Algunos participantes intentaron presentar la movilización como “ciudadana”, desligada de partidos. Sin embargo, el lenguaje, las consignas y los objetivos dejaron claro que se trataba de una protesta con dirección política. No hay nada ilegal en ello, pero sí hay algo cuestionable en intentar disfrazarlo.
El problema de fondo es que esta estrategia erosiona la discusión pública. Cuando todo se convierte en traición o patriotismo, desaparecen los matices. Y sin matices, no hay soluciones serias. La seguridad en regiones como la Sierra Tarahumara requiere coordinación, inteligencia y, sí, en muchos casos, cooperación internacional. Negarlo por conveniencia política no fortalece la soberanía; la debilita.
Morena parece apostar a que el impacto inmediato de la narrativa vale más que la consistencia a largo plazo. Pero ese cálculo tiene un costo: banaliza conceptos clave y polariza aún más el entorno político. Hoy es Chihuahua. Mañana será cualquier otro estado donde la confrontación resulte útil.
Al final, la pregunta que queda no es menor: ¿quién está realmente defendiendo la soberanía y quién la está utilizando?
Porque una cosa es proteger al país.
Y otra muy distinta es usar la patria como herramienta de campaña.
