En política existe una diferencia enorme entre hacer campaña y construir un proyecto de gobierno. La primera se alimenta de declaraciones, de videos para redes sociales y de la confrontación diaria. La segunda requiere resultados, paciencia y la capacidad de soportar críticas mientras los números terminan hablando por sí solos.
Chihuahua empieza a vivir esa diferencia.
Mientras Morena parece haber arrancado una competencia adelantada donde cada semana hay un nuevo destape, un nuevo recorrido o una nueva fotografía, en el PAN la lógica ha sido distinta. Más que una carrera desesperada por aparecer en los encabezados, comienza a observarse una estrategia basada en la continuidad gubernamental y en la consolidación de perfiles que ya administran responsabilidades públicas.
No es casualidad que dos nombres aparezcan cada vez con mayor frecuencia: Marco Bonilla y Santiago de la Peña.
El primero llega con una ventaja que pocos alcaldes pueden presumir: los indicadores oficiales terminaron respaldando buena parte de su discurso en materia de seguridad. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI volvió a colocar a Chihuahua capital entre las ciudades con mejores niveles de percepción ciudadana respecto a su Policía Municipal y por debajo de la media nacional en percepción de inseguridad. Eso no significa que la delincuencia haya desaparecido; sería irresponsable afirmarlo. Significa algo más sencillo: la estrategia produce resultados medibles.
En un tema tan delicado como la seguridad pública, la propaganda dura unas horas; las estadísticas permanecen meses.
Bonilla ha entendido que gobernar implica recibir golpes todos los días. Cada homicidio abre espacios en medios nacionales; cada delito genera indignación inmediata. En cambio, cuando disminuyen ciertos indicadores, cuando mejora la confianza en la policía o cuando una estrategia preventiva evita delitos, difícilmente alguien sale a reconocerlo. Así funciona el servicio público.
Por eso sorprende que algunos adversarios políticos prefieran combatir los datos antes que presentar alternativas.
La política seria exige otra cosa.
Y ahí aparece Santiago de la Peña.
Mientras otros construyen su imagen desde el conflicto permanente, el secretario general de Gobierno decidió enviar un mensaje distinto: dialogar no es negociar principios; dialogar es gobernar.
Sus reuniones con diversos liderazgos panistas provocaron la reacción habitual de quienes ven conspiraciones en cualquier fotografía. Sin embargo, basta revisar la historia política de Chihuahua para entender que los acuerdos internos nunca han sido una debilidad del PAN; por el contrario, han sido una de las razones que explican su permanencia como fuerza competitiva.
La diferencia es que hoy cualquier encuentro termina convertido en tendencia digital.
De la Peña parece haber comprendido algo que muchos olvidaron: la ciudadanía está agotada del pleito permanente. Los ciudadanos esperan soluciones para la seguridad, el agua, la economía y el empleo; difícilmente cambian su voto porque dos políticos intercambien descalificaciones en redes sociales.
Por eso sus recorridos, sus encuentros con militantes y su cercanía con figuras como Nancy Frías envían un mensaje más profundo que una simple fotografía: el panismo comienza a organizarse mucho antes de que arranquen oficialmente las campañas.
Mientras tanto, Morena enfrenta una realidad mucho más compleja de lo que algunos quieren admitir.
Es cierto que la encuesta de Mitofsky para El Economista colocó a Cruz Pérez Cuéllar al frente de las preferencias internas de su partido. También es cierto que Andrea Chávez continúa muy cerca y mantiene viva la disputa por la candidatura.
Pero existe un dato todavía más importante.
Más de un tercio del electorado permanece sin una definición clara entre los aspirantes evaluados. Ese segmento representa, probablemente, la verdadera elección que viene. Ahí estará la gubernatura de Chihuahua.
Porque una encuesta interna mide simpatías partidistas; una elección constitucional exige convencer a ciudadanos independientes.
Y convencerlos será cada vez más difícil.
Pérez Cuéllar enfrenta una paradoja política. Mientras intenta consolidarse como el principal liderazgo morenista, también debe responder cuestionamientos sobre el manejo financiero de su administración. La denuncia presentada por los exalcaldes Gustavo Elizondo y Ramón Galindo por el contrato de las barredoras no constituye una sentencia ni una prueba definitiva de responsabilidad; eso corresponde resolverlo a las autoridades. Sin embargo, políticamente representa un costo que difícilmente desaparecerá durante la precampaña.
A ello se suma otro elemento que genera preguntas.
El propio alcalde con licencia denunció un recorte superior a los 200 millones de pesos en participaciones federales para Ciudad Juárez. El señalamiento resulta particularmente llamativo porque proviene de un gobierno emanado del mismo movimiento político que encabeza la administración federal. Si el recorte existió, la explicación deberá darse también desde el centro del país.
En contraste, la gobernadora Maru Campos reconoció semanas atrás que Chihuahua también enfrentaba una disminución en participaciones y respondió con un programa de ajustes y disciplina financiera. Dos gobiernos recibieron menos recursos; cada uno eligió una manera distinta de enfrentar el problema.
La política también se mide por la capacidad de administrar las crisis.
Mientras eso ocurre, otro asunto merece atención.
La reapertura del puerto ganadero de Jerónimo-Santa Teresa representa una excelente noticia para Chihuahua. Miles de productores recuperan una puerta fundamental para sus exportaciones. Sin embargo, el entusiasmo viene acompañado por una enorme responsabilidad: impedir que el gusano barrenador vuelva a poner en riesgo el comercio internacional.
No habrá espacio para errores.
Al mismo tiempo, las alertas por los llamados montachoques recuerdan que la seguridad pública evoluciona constantemente. Hoy ya no basta combatir los delitos tradicionales; aparecen nuevas modalidades de extorsión que obligan a autoridades, aseguradoras y ciudadanos a mantenerse un paso adelante.
Todo esto ocurre mientras el reloj electoral avanza.
Queda menos de un año para que arranque formalmente el proceso por la gubernatura.
En ese escenario, el PAN parece apostar por perfiles que llegan respaldados por experiencia administrativa y resultados de gobierno. Morena, en cambio, mantiene una intensa competencia interna donde todavía nadie puede cantar victoria.
Falta mucho.
Las campañas aún no empiezan.
Las candidaturas todavía no se definen.
Las encuestas seguirán moviéndose.
Pero hay una lección que conviene no perder de vista.
Las redes sociales fabrican popularidad.
Los gobiernos construyen credibilidad.
Y cuando llega el momento de votar, la memoria de los ciudadanos suele ser mucho más exigente que el algoritmo.
